El caso Ayotzinapa lleva más de 130 arrestos, pero quizá ninguno tan significativo como el de Felipe Flores.
El exsecretario de Seguridad de Iguala, figura clave en la desaparición hace más de dos años de los 43 estudiantes, fue arrestado en la mañana de este viernes por fuerzas de seguridad mexicanas.
Se cree que fue el responsable de dar la orden de detener a los jóvenes y de entregarlos a un grupo criminal por lo que su detención, en la propia localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, podría aportar nuevas pistas sobre el destino final de los jóvenes.
Flores es primo del detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, considerado el autor intelectual del ataque.
En el pasado, familiares de las víctimas habían dicho que la declaración de una figura como la de Flores sería capaz de cambiar el rumbo de la investigación.
Flores fue capturado, en un operativo conjunto de la Comisión Nacional de Seguridad, militares, la marina, los servicios de inteligencia y la fiscalía, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida dos años atrás.
"Declaración fundamental"
La fiscal general, Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que la detención de Flores "permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos de Iguala".
Por el momento las autoridades no han divulgado más detalles sobre el arresto de Flores, sobre quien desde hace un año existía una recompensa de 2,5 millones de pesos (unos US$135.000) para quien brindara información que permitiera su detención.
La versión oficial, cuestionada por los padres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que agentes de policía atacaron a los jóvenes tras el robo autobuses para una protesta en Ciudad de México.
Los policías luego los habrían entregado a miembros del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron.
Los especialistas de la CIDH aseguran que no existen pruebas científicas de que los 43 estudiantes hayan sido quemados en el sitio donde asegura la fiscalía y consideran que los jóvenes siguen desaparecidos.
El caso es la mayor mancha para el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno ha aceptado que la investigación sigue abierta y ha accedido a seguir otras líneas de investigación.
