Intercambio de posiciones. “No es facultad del Poder Ejecutivo interpretar los textos constitucionales, ni el vigente ni un futuro próximo”, dijo este miércoles la ministra de Justicia Marcela Ríos (Convergencia Social), en un contacto por Zoom con los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, que debatían sobre la situación carcelaria del país.
- “(Pero) tenemos una convicción clara de que, de acuerdo a lo que está establecido en el texto constitucional, en ningún caso se va a cerrar ninguna cárcel una vez que entre en vigencia, si es que fuera aprobada, la propuesta de texto constitucional”, afirmó la ministra, que había sido consultada por el senador Rodrigo Galilea (RN) y luego por su par Luz Ebensperger (UDI), sobre el plan penitenciario de la cartera en caso de que gane el “apruebo”.
- El motivo: el texto que irá a plebiscito el 4 de septiembre prohíbe la participación de privados al “ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad”.
- “Ninguna de las cárceles, eso no es así, nos parece muy importante”, dijo la ministra. “Y yo quisiera hacer aquí un llamado también, con toda la cautela y prudencia que yo he manifestado, de que tratemos de mantener las políticas del Estado en un ámbito de responsabilidad, entendiendo que estamos en un contexto particularmente acalorado de campaña”.
- “Y le doy la palabra ahora a Gendarmería de Chile”, añadió, lo que fue respondido sobre la marcha por el presidente de la comisión, Matías Walker. “Gracias ministra; el que da la palabra es el presidente”, dijo Walker.
- “Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón presidente”, dijo Ríos, a su vez.
- “Acá no hay verdades absolutas”, planteó el senador. “Acaba el ministro (Giorgio) Jackson de pedir disculpas por considerar que había verdades absolutas y acá lo que hay es interpretaciones”, dijo en referencia a las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia de que “nuestra escala de valores es distinta” a las de las generaciones políticas que los precedieron, de las que luego se retractó.
El flanco abierto por la ministra. El senador Walker luego detalló lo que consideró un flanco de la propuesta constitucional.
- “Quiero secundar lo que han dicho mis colegas. Al no haber una norma transitoria que diga expresamente que las cárceles concesionadas seguirán bajo el sistema de administración, porque no estamos hablando de externalizar el casino, no estamos hablando de externalizar el servicio de lavandería, estamos hablando de la administración de los recintos penitenciarios, ¿qué pasa si el día de mañana, y lo digo de forma muy responsable, un familiar de un interno de la cárcel de Huachalalume, concesionada, porque se elimina el recurso de protección, presenta una acción de tutela constitucional reclamando que sus familiares están internos en un régimen de cárcel concesionada que no está contemplado en la nueva Constitución?
- Ríos no contestó. Previamente en su exposición, la ministra había dicho que “después del 5 de septiembre podríamos acudir, si eso fuese necesario, a explicar, en detalle, cuáles son las medidas que vamos a tomar si es que se requiere”.
“El diálogo ha sido muy brusco”. En julio, la ministra había dicho en una entrevista con La Segunda que “el clima en el Senado ha estado muy marcado por las decisiones de la Convención. Uno puede empatizar con su molestia, pero en algunos casos el comportamiento hacia los ministros ha sido extremadamente descortés. He tenido varias ocasiones en comisiones donde el diálogo ha sido muy brusco. Es mi trabajo y no tengo problema, pero eso no le hace bien a la política ni al país”.
- El senador Pedro Araya (independiente pro PPD) respondió entonces que “si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo (…), mientras no recibamos una disculpa pública, me opondré a que ingresen los asesores de la ministra a la sesión”, consignó El Dínamo.
Qué dice el texto constitucional sobre el sistema carcelario. El artículo 338 de la propuesta define en 3 incisos el sistema carcelario que imperará en el país de aprobarse el texto en el plebiscito.
- “Solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados”, dice el primer inciso, que excluye el sistema de concesiones actual.
- En la discusión previa a la presentación del texto el pasado 4 de julio, se presentaron propuestas de normas transitorias para hacer el paso del sistema actual al nuevo, pero el pleno las rechazó. Esto abrió distintas posturas entre convencionales. Mientras desde Chile Vamos plantearon que la ausencia de norma transitoria derivaba en la aplicación inmediata de las nuevas reglas, y por tanto el fin de la concesión actual, en el Colectivo Socialista manifestaron que el sistema cambiaría al expirar las concesiones vigentes.
El panorama de las concesiones carcelarias. El portal de concesiones del Ministerio de Obras Públicas registra 8 concesiones carcelarias, de los 83 penales que hay en el país.
- El primer grupo está compuesto por los penales de Alto Hospicio (Huantajaya), La Serena (Huachalalume) y Rancagua (La Gonzalina), cuya concesión comenzó en 2002 y expira en 2026.
- Alto Hospicio: es de seguridad “alta”, tiene capacidad para 2.351 internos de ambos sexos y en su informe de mayo de 2022 registraba un 98,51% de ocupación.
- La Serena: es de seguridad “mediana”, tiene una capacidad para 2.318 internos de ambos sexos y en el informe de mayo registraba un 93,16% de ocupación.
- Rancagua: es de seguridad alta”, tiene una capacidad para 2.365 internos de ambos sexos y en el informe de mayo registraba un 87,64% de ocupación.
- El segundo grupo está integrado por Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, cuya concesión partió en 2004 y expira en 2027.
- Santiago 1: es de seguridad “alta”, tiene una capacidad para 4.000 internos de sexo masculino y en el informe de mayo registraba un 118,8% de ocupación. Es decir, al 31 de mayo había 752 internos adicionales al máximo. Esta cárcel está destinada exclusivamente a imputados, no a condenados.
- Valdivia: es de seguridad “media”, tiene una capacidad para 1.747 internos de ambos sexos y en el informe de mayo registraba un 74,87% de ocupación.
- Puerto Montt: es de seguridad alta”, tiene una capacidad para 1.743 internos de ambos sexos y en el informe de mayo registraba un 89,96% de ocupación.
- El tercer grupo está integrado por Antofagasta y Concepción, cuya concesión partió en 2010 y expira en 2028.
- Antofagasta: es de seguridad “mediana”, tiene una capacidad para 1.160 hombres y en el informe de mayo registraba un 117,85% de ocupación.
- Concepción: es de seguridad “alta”, tiene una capacidad para 1.189 hombres y en el informe de mayo registraba un 102,02% de ocupación.
El oficio por las extorsiones en Santiago 1. Un oficio enviado a la comisión por el director nacional subrogante de Gendarmería, Leonardo Barrientos, detalló las denuncias existentes por presos que extorsionaban a los familiares de internos primerizos de sus penales, pidiendo dinero para no golpearlos y cometer abusos.
- “Durante el año 2021, a nivel nacional se efectuaron 26 denuncias al Ministerio Público por el delito de extorsión, mientras que durante el año 2022 se han realizado 18 denuncias al Ministerio Público, de las cuales el CDP Santiago Uno registra un total de 17”, dice el documento.
- “A raíz de los anterior, el traslado efectuado con fecha 25/06/2022 de privados de libertad que se encontraban involucrados en estos actos delictivos significó la reubicación de los mismos en distintas unidades penales del país”.
- “Respecto de que dichos delitos se podrían estar replicando en otros centros de detención del país, es precisamente en lo que se encuentra trabajando nuestro servicio”.
