ProCultura: por qué el gobernador Claudio Orrego fue clasificado como sujeto de interés en la arista de tráfico de influencias del caso

El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional aprobó la propuesta del gobernador Orrego (ex DC) de nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo presidida por Orrego. Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para evitar suicidios Quédate. El fiscal Palma clasificó a Orrego como sujeto de interés por posible tráfico de influencias. Pidió allanar el Gore e incautar celulares, pero el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la petición. Sí fueron allanados los Gore de Antofagasta, Valparaíso, el Biobío, el Ñuble y Magallanes.

Qué observar. El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional (Core) Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego (ex DC) de nombrar a tres nuevos directores de la Corporación Regional de Santiago, que él presidía.

Se trataba de la hoy ministra de Interior, Carolina Tohá; de la exministra de la mujer del gobierno pasado, Mónica Zalaquett y del siquiatra Alberto Larraín, que en 2010 había cofundado la fundación ProCultura, de la que era director ejecutivo.
Su relación con el último era antigua. El ex novicio jesuita y cofundador del grupo Cardumen de la Democracia Cristiana (DC) trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén encabezado por el entonces alcalde Orrego, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.
Tras retirarse de la DC, Larraín se había acercado al Frente Amplio (FA) y al entonces diputado Gabriel Boric, a quien asesoró técnicamente cuando creó la bancada de salud mental, después de revelar en 2018 que sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Su expareja, Irina Karamanos, trabajó en la fundación.
Pese a sus nuevas amistades políticas, Larraín había mantenido a sus antiguos contactos.
El 29 de junio de 2022 —21 días después de haber sido nombrado director de la Corporación Regional de Santiago—, el Core encabezado por Orrego aprobó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para evitar suicidios Quédate, en que la fundación debería coordinar el trabajo de otras fundaciones.
Esta determinación derivó en que el hoy suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien dirigió durante seis meses el Caso ProCultura, lo incluyera en un listado de 11 sujetos de interés de la arista de Santiago.
Su inclusión como sujeto de interés, paso anterior a la calidad de imputado, era por tráfico de influencias.

Luis Hermosilla denuncia a fiscales por filtración de sus chats privados

Los otros gobernadores sujetos de interés. Orrego se sumó así a otros cinco gobernadores sujetos de interés en la arista ProCultura del Caso Convenios: Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (independiente FA), de Valparaíso; Rodrigo Díaz (ex DC), del Biobío; Óscar Crisóstomo (PS) del Ñuble y Jorge Flies (independiente radical) de Magallanes.

De los seis, sólo Rodrigo Díaz, del Biobío, desistió de correr por la reelección.
El caso de Orrego tenía distinciones. Su gobernación, a diferencia de los Gore de Antofagasta, Valparaíso, el Biobío, el Ñuble y Magallanes, seguía hasta este viernes sin ser allanada.
El motivo es que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de entrada y registro formulada en junio por el fiscal Palma, en que pedía la incautación de los celulares de los sujetos de interés.
El tribunal argumentó que los antecedentes presentados eran insuficientes.
En los allanamientos realizados este miércoles por instrucción del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper —hombre de confianza del fiscal Ángel Valencia, quien lo nombró el 26 de junio a cargo de ProCultura y quien ha enfrentado críticas por la ralentización de la causa—, el Gore Metropolitano estuvo ausente.
La policía sí incautó el celular de Alberto Larraín y allanó otros 13 domicilios de Santiago y Concepción. Se desconoce si Cooper pidió o no allanar el Gore.
Desde el Gore respondieron por escrito a Ex-Ante que la clasificación de Orrego como sujeto de interés, respaldada en documentos, “es un trascendido de prensa. Hoy el gobernador es querellante en la causa y el Gobierno Regional es afectado del eventual delito de apropiación indebida”.

Los tres delitos indagados. El fiscal Palma indagaba tres delitos en la arista metropolitana de ProCultura: tráfico de influencias, fraude al fisco y apropiación indebida.

Tráfico de influencias. El tráfico de influencias derivaba de que el Gore de Orrego firmara el convenio “Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental” con la fundación de Larraín cuando éste era director de la Corporación Regional. El siquiatra sólo renunció en julio de 2023 a esta última.
A esto se sumaba que Larraín recibiera pagos por el convenio, lo que mostró su participación directa en la iniciativa.
Fraude al fisco. El fraude al fisco se configuraba por dos vías. Por una parte, por la contratación por parte de ProCultura de un funcionario que trabajaría en el Gore, con un sueldo con cargo al convenio de salud. Es decir, se usarían fondos del proyecto para aumentar la planta de la gobernación. El contrato del 13 de febrero de 2023 establecía que estaría en comisión de servicio en el Gore Metropolitano.
Por otra parte, Alberto Larraín, quien a febrero de 2023 recibía $5.220.000 líquidos mensuales como director ejecutivo de ProCultura, apareció en su rendición de abril de ese año con valores que no cuadraban: un sueldo base de $6.590.000; $1.500.000 con cargo al convenio de Quédate, pero sin que apareciera como suma rendida y con un contrato para que se desempeñara como director ejecutivo, cargo que ejercía desde antes.
Apropiación indebida. Este delito se configuraba por la querella presentada este año por el Gore de Orrego, que el 16 de noviembre de 2023 terminó anticipadamente el convenio para prevenir suicidios y pidió a la fundación la restitución de $1.010.379.291.

La salida de Palma del caso. La salida del caso del fiscal Palma ocurrió luego de que CiperChile publicara el 15 de junio la existencia de un supuesto chat de Palma con el abogado Luis Hermosilla, el cual no consta en el celular incautado al penalista.

El fiscal sí dijo inicialmente a ese medio que le envió al abogado un pantallazo de una conversación con la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, destituida este jueves.
La publicación derivó en una querella remitida a al fiscal nacional, que el 25 de junio designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Witter, para indagar la mención de Palma en el Caso Audio.
Al día siguiente, según fuentes vinculadas al caso, Valencia fue informado de una nueva arista que abriría Palma y que contemplaba interrogar a Karamanos y al presidente Boric por el caso de Magallanes. Por la tarde, Valencia lo sacó de la causa y se la encargó a Cooper.
Después se conocerían diálogos de Palma con Hermosilla que derivarían en su suspensión el 26 de septiembre, por violación de secreto.
Esta segunda indagación se originó en un chat en que el fiscal le informaba a Hermosilla que uno de los abogados de su estudio estaba defendiendo a un traficante de drogas.
Según dijo su hermano y defensor Juan Pablo Hermosilla, tras recibir el dato —que Palma niega haber sido secreto— Hermosilla hizo al abogado optar por el estudio o por el cliente. Escogió renunciar.

Ojo con. ProCultura aumentó en más de 10 veces sus ingresos por reparticiones públicas entre 2021 y 2022, año en que asumió el Presidente Boric.