Pago por rescate a empresario: El fuerte aumento del delito de secuestro en Chile, según las cifras de Fiscalía, la PDI y Carabineros

Qué observar. El caso del empresario chileno, Rudy Basualdo Castillo (50), secuestrado el miércoles desde su fábrica Hasier, de estructuras metálicas y maquinarias, ubicada en Rancagua, y liberado la madrugada de este viernes tras el pago de un rescate, copó la atención de la ciudadanía y abrió la interrogante sobre qué tan extendido está el delito de secuestro en el país.

• En Fiscalía Nacional señalan que se encuentran preparando un informe, encargado a la división de estudios, con el desglose de los los casos registrados en Chile comuna por comuna y actualizado a la fecha para dar cuenta del real impacto del fenómeno. La información ha sido requerida por parlamentarios de las comisiones de seguridad del Congreso.
• El delito no se encuentra detallado en el boletín trimestral que publica el Ministerio Público sobre la evolución de los distintos delitos.
• Según señaló el Fiscal Nacional Ángel Valencia, en Chile las denuncias de secuestro vienen creciendo sistemáticamente desde 2017.
• El mayor incremento se registra entre los años 2021 y 2022, donde las denuncias pasaron desde 492 a 826, lo que corresponde a un alza de un 67% en un año. Pero aún falta por actualizar las cifras correspondientes a 2023, que estarán incluidas en el nuevo informe.
• “Pasamos de casi 500 a un poquito más de 800 denuncias en el contexto de un año. Y veníamos de un periodo en que las denuncias por secuestro rondaban en torno a un poco menos de 500, pero teníamos un aumento progresivo desde el año 2017”, señaló Valencia en radio ADN consultado a raíz del caso de Basualdo.
• “El secuestro no es un delito que haya sido traído desde un planeta lejano, el delito de secuestro se encuentra tipificado en el código chileno desde el siglo XIX, es muy infrecuente, pero tenemos precedentes y tenemos lamentablemente un aumento en la frecuencia”, agregó.
• “Sigue prevaleciendo como causa principal de los secuestros asociados a disputas familiares o domésticas y la segunda causa son los secuestros con fines extorsivos que está muy asociado a las bandas de crimen organizado que están operando con mayor violencia”.

Las cifras del Congreso. En abril el Congreso despachó la Ley 21.557, que aumenta las penas para el delito de secuestro. La normativa incrementa la sanción según el tiempo de retención de la víctima, con lo que se busca incentivar su liberación.

• Las nuevas penas sancionan con presidio de 5 años a 15, a quien retenga a una persona para obtener un rescate o imponer exigencias o cuando el secuestro se prolongue por más de 24 horas. En caso de que el secuestro termine en homicidio se aumenta la pena desde presidio perpetuo (20 años) a perpetuo calificado (40 años).
• En la tramitación de la Ley, diputados y senadores revisaron las cifras proporcionadas por la PDI y Carabineros, que dan cuenta del incremento del delito.
• Según los antecedentes que están en la discusión del proyecto, entre 2017 y 2022 hubo 1925 secuestros en el país. Los datos de la PDI contabilizan un aumento de 76% sólo entre 2021 y 2022, mientras que en los registros de Carabineros el aumento corresponden a un 79%.
• Según informó a inicios de año Carabineros, en 2022 se registraron 508 delitos de este tipo.
• “Lo que más nos ha llamado la atención es que hay dos tipos de secuestro: el normal, especialmente el que tiene que ver con delitos de robos, cuando secuestran a un conductor y se lo llevan a algún lugar, pero efectivamente también hay un secuestro extorsivo, que hoy día se ha visto mucho más en aumento en los últimos meses y este último año”, dijo el inspector Enríque Monrás al presentar el informe.

Los datos de la PDI. Según un informe de la PDI, en 2022 la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana, detuvo a 76 personas por secuestro y los casos investigados por este delito aumentaron de 26 a 46. Aunque otros 59 casos resultaron ser falsos secuestros.

• “Entre los casos investigados hay una amplia variedad, desde aquellos donde la persona supuestamente afectada usó este motivo para justificar su ausencia frente a familiares, hasta robos con retención de la víctima, amenazas en contexto de llamadas extorsivas, violencia intrafamiliar y estafas telefónicas”, señaló el subprefecto Hassel Barrientos
• La PDI sostiene en su informe que los ciudadanos extranjeros autores superan en más del doble a los chilenos.
• En el reciente caso de un menos de 16 años secuestrado a mediados de octubre en Illapel Región de Coquimbo, por el cual pedían un rescate de $150 millones, finalmente fue rescatado luego de tres días en una casa en Pichidangui donde estaba maniatado. En esa causa la PDI detuvo a cuatro chilenos, dos hombres y dos mujeres.
• En febrero se registraron dos secuestros en Coyhaique en menos de 15 días de diferencia, los primeros delitos de este tipo en la zona.

Las críticas a Tohá. En el caso del empresario Basualdo, hay tres detenidos en prisión preventiva, dos de nacionalidad venezolana y un colombiano, que ingresaron a Chile de forma irregular. Hay una cuarta persona que está retenida y la Policía de Investigaciones está en busca del resto de la banda que liberó a Basualdo en una carretera desde las cercanías de Nancagua cerca de las 5 de la mañana de este viernes.

• En las tratativas participó activamente la esposa del empresario y, según los reportes, finalmente se pagaron $40 millones de los $80 solicitados.
• Fue la ministra del Interior Carolina Tohá quien confirmó a la prensa esta mañana que la liberación se hizo previo pago de un rescate. “Se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Aunque haya indicadores o elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sana y salva a la persona afectada”.
• La revelación de la ministra que se había pagado un rescate generó críticas en la oposición donde señalaron que ese es un dato que no se informa para evitar que el delito se propague.
• La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei señaló: “Las palabras de la ministra Tohá abren un pésimo precedente para el futuro del país. Si no se demuestra la máxima fuerza, ni no se detiene y sanciona con rigor a quienes secuestran, pronto tendremos una verdadera industria del secuestro en Chile”.
• El diputado UDI Guillermo Ramírez, agregó que “le pedimos más prudencia a la ministra Tohá. Esta declaración es equivalente a decir: “adelante, secuestren. Nosotros vamos a pagar”. Tenemos toda la disposición para hacer los cambios legislativos necesarios para evitar que este delito se haga recurrente”.