-¿Cuál es su evaluación de cómo está enfrentando el gobierno, el problema de la delincuencia y el crimen organizado?
-Siento que este gobierno no ha encontrado el sentido de urgencia que tiene la seguridad. Y más allá de los slogans y de dichos como “los vamos a perseguir como perros”, lo único que hemos visto han sido luces, pero cero acción.
-Pero acaban de anunciar una serie de medidas, entre ellas, un fono de denuncias.
-Y eso lo observo con mucha desilusión, porque están repitiendo programas que ya están hechos y los están presentando como nuevos. O sea, sacaron el Denuncie Seguro y ahora le pusieron Denuncia Segura, un programa que tiene 10 años. ¿Por qué dedicarse a cosas que ya funcionan y no dedicarse a las cosas que están ocurriendo hoy, que es el crimen organizado? No se ha innovado en nada.
-¿Estamos llegando al desborde en materia de crimen organizado y narcotráfico?
-Estamos al borde del desborde en delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. El subsecretario de Prevención del Delito dijo en abril que nunca habíamos tenido una situación peor en materia de delincuencia. ¡Cómo es posible que hoy día estemos mucho peor! Eso habla de una falta del sentido de urgencia. En definitiva, le estamos dando espacio a la delincuencia.
-Hay una polémica con las cifras. La Fiscalía sostiene que hubo 132 casos más (112%) de los robos en la Región Metropolitana y el subsecretario Eduardo Vergara las desmintió, diciendo que esa curva al alza está quebrada.
-El subsecretario muestra una información parcial, porque lo que hace es decir: “Nosotros tenemos un plan que cubre cierta cantidad de comunas, con una fuerza especial de tareas. Y, en esa cierta cantidad de comunas, hemos quebrado la tendencia”. Pero, si uno mira la tendencia de la Región Metropolitana es al alza. Si uno mira la tendencia de cada una de las regiones es al alza y si uno mira el territorio nacional, es al alza. Entonces, lo que hace él es buscar una cifra conveniente respecto de un plan determinado, pero eso es derechamente omitir información.
-El resto de las cifras tampoco son buenas. La PDI sostiene que las denuncias por robos aumentaron en un 41% y el Índice Paz Ciudadana afirmó que la percepción de temor ante la delincuencia llega a su nivel más alto en los últimos 22 años.
-La verdad es que las cifras son muy preocupantes y muchas veces la percepción de inseguridad no se mira con el valor que debe mirarse. Cuando uno planifica hay que mirar dos grandes pilares: la victimización y la percepción de inseguridad, porque eso afecta la vida de las personas. Cuando vivo con miedo, me encierro en mi casa, no dejo que mis hijos salgan, no ando a determinadas horas en la calle y no me atrevo a hacer cosas fundamentales de mi vida cotidiana porque vivo con miedo. Por lo tanto, no solo estamos al debe en materia de victimización, sino que en el abordaje de la percepción.
-Muchas veces los delitos son cometidos por personas que debieran estar recluidas, y algunos de los agresores tienen varias órdenes de detención. ¿Las víctimas podrían demandar al Estado, porque no se está resguardando su seguridad?
-El Estado debe hacer todo lo que está en sus manos. Existe, sobre las personas que tienen alguna orden de aprehensión, el Banco Unificado de Datos, que se estableció por ley en 2015. En concreto, se estableció que el Ministerio Público debe coordinar y administrar este banco, que permite la trazabilidad de todas las instituciones ligadas a esta materia. ¿Cuál es el problema? El problema es que se entregó el sistema listo el año 2020, pero vemos que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente para que empiece a funcionar y eso es sumamente delicado. Y, sobre la pregunta, en un Estado de Derecho la legitimidad de la acción la tienen las víctimas. En este sentido, las víctimas pueden ejercer una acción contra el Estado”.
-Este problema no viene de ahora, ¿cuál es el mea culpa que usted hace a lo que se hizo en el gobierno anterior?
-La verdad es que le pusimos mucho esfuerzo, estuvimos con las víctimas y enviando en el Congreso, hasta el cansancio, todos los proyectos que se necesitaban, pero nos negaron la sal y el agua. Pero creo que debimos insistir aún más.
-Tiene que reconocer que hubo falencias.
-Siempre hay falencias ante un tema tan complejo. Sin embargo, insisto, tratamos de mostrar el peligro de lo que estaba pasando, pero creo que pese a todos los esfuerzos que hicimos, no logramos convencer, y hoy se dan cuenta quienes son autoridades de lo lamentablemente que resultó esa inacción. De todas maneras, no hay que olvidar que además tuvimos de por medio un estallido social y una pandemia.
Otros temas:
Aumento en uso de armas. “Aparte de las armas de alto calibre, todas las armas que ingresaron como pistolas a fogueo, por ejemplo, se están convirtiendo en pistolas de 9 mm en dos minutos y cualquier persona con carné de identidad y 18 años podía, en ese momento, ir a Bulnes, comprarse una y convertirla rápidamente en arma letal. Tenemos un aumento del 60% de realización de homicidios con armas de fuego y solo un 25% de imputados conocidos. Y el Reglamento de la Ley de Armas lleva ocho meses y todavía no sale. Hay un acceso indiscriminado a las armas y una sensación de impunidad, lo que es extremadamente grave”.
Crimen organizado y narcotráfico. “Lo cierto es que cuando las autoridades actuales eran oposición, rechazaron todos los proyectos de ley, y recién ahora el gobierno decidió darles urgencia, después de la presencia del Tren de Aragua. Eso era urgente, como también la persecución del patrimonio de los narcotraficantes. Hoy una persona llega con 50 millones de pesos en efectivo a comprarse un auto último modelo y nadie levanta una alerta. La situación de aduanas, de contar con scanners, o de demorarnos demasiado en apoyar a Gendarmería, teniendo en cuenta que el Tren de Aragua es una banda que opera desde las cárceles. Entonces, insisto, es necesario aplicar urgencia a este tema, que constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas”.
