Qué observar. El 28 de noviembre de 2019 la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI) firmó un contrato con las representantes legales de la sociedad “Arredondo y Guzmán Limitada”, Romané Guzmán Cortez y la actriz Carolina Arredondo Marzán (independiente PPD), denominado “capacitación para edificios residenciales participantes del servicio Mi barrio recicla”.

  • El contrato, por $30.501.900 y obtenido vía licitación, contemplaba que la sociedad realizara capacitaciones sobre reciclaje a 2.145 edificios, a un precio de $14.220 por cada uno, durante 12 meses, mostró el documento.
  • La municipalidad anunció en el sitio Hub Providencia el trabajo con la empresa. “Tarikapuy (nombre de fantasía de la sociedad) fueron los ganadores de nuestra Fábrica Innovación Providencia 2018 y por eso hoy trabajan junto a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención de Providencia, en la ejecución, promoción y difusión de proyectos de reciclaje domiciliario”, escribieron. “Carolina Arredondo, vecina, actriz e integrante de Tarikapuy, nos indica que actualmente reciclan plástico, papel y vidrio, y que en el futuro quieren reciclar otro tipo de elementos que sean dañinos para la salud y el medio ambiente”.
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  • Entonces llegó la pandemia. El 3 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Chile, que derivó en el confinamiento de la población. La alcaldesa Matthei firmó la resolución exenta número 724 que puso término anticipado al contrato, a partir del 3 de junio de 2020. El motivo, “fuerza mayor”.
  • El 29 de julio de 2020 la sociedad Tarikapuy ingresó una demanda de indemnización de perjuicios al décimo cuarto Juzgado Civil de Santiago, pidiendo al tribunal que el municipio les pagara la suma de $25.321.752. Hasta este jueves, ésta seguía abierta.
  • Este miércoles Carolina Arredondo fue nombrada ministra de Cultura en reemplazo de Jaime de Aguirre. Este medio pidió un comentario a la cartera sobre el caso, sin recibir una respuesta hasta el cierre de esta edición.

Qué dijo Matthei. La alcaldesa de Providencia dijo este jueves a Radio Universo que “hicimos una licitación, porque estábamos implementando un plan muy ambicioso de reciclaje, por tanto, había que explicarles a los vecinos qué tipo de plástico, qué tipo de residuos efectivamente van al reciclaje y cuáles van a la basura (…). Ellos se ganaron la licitación (…) por precio”.

  • “Pusimos fin anticipado, porque llegó el Covid, por lo tanto, era imposible hacer esas capacitaciones, porque no había posibilidad de hacer contacto con distintas personas. Ella trató que nosotros le devolviéramos dineros que, según ella, ya habían gastado, pero a nosotros nos pareció que lo que ella estaba tratando de rendir era absolutamente fuera de lo que significaba el contrato”.
  • “(Tarikapuy) se había comprado una moto y quería que nosotros se lo pagáramos como parte de esta licitación (…) obviamente nos negamos y ella nos demandó y estamos en tribunales”.

Qué dice la demanda. La demanda civil, presentada por el abogado Raúl Montero de Alessandri abogados, planteó que su cliente propuso al municipio retomar los servicios cuando ocurriera el desconfinamiento por la pandemia pero que, al recibir una respuesta negativa y ver una intención del municipio de devolver menos de lo que ellos consideraban habían gastado, iniciaron las acciones legales.

  • “Esta parte comprende y ha padecido como toda pyme la situación por la cual atraviesa el país producto de la pandemia del COVID-19, por lo que al recibir la comunicación de suspensión de los eventos esperó el reagendamiento de ellos para cuando la emergencia sanitaria permita retomar las mismas”, consignó la página 7 de las 20 del escrito.
  • Ante la decisión del municipio de terminar el contrato, “con fecha 11 de mayo de 2020, mediante correo electrónico, mi representada le informó pormenorizadamente a la Municipalidad acerca de los gastos incurridos para efectos de organizar los eventos impuestos por el contrato, por un monto total de $25.321.752.- pesos, a fin de que éstos sean reembolsados”.
  • “Con fecha 3 de junio de 2020 mi representada recibió un correo electrónico de parte de la Sra. (Paloma) Valenzuela, por el cual fue informada de la decisión de la Municipalidad de poner término unilateral al contrato celebrado”.
  • “En este mismo documento la Municipalidad reconoce su obligación de reembolsar los gastos realizados por mi representada, pero por la ínfima suma de $2.294.558, lo cual no se condice con los gastos que efectivamente Tarikapuy desembolsó”.

El contrato con el Gobierno Regional de Antofagasta. La sociedad Arredondo y Guzmán Limitada inició actividades ante Impuestos Internos el 21 de julio de 2018 en las categorías recuperación y reciclamiento de otros desperdicios y desechos; actividades de descontaminación; venta al por menor por correo; otras actividades de venta por menor; actividades de consultoría de gestión y otros tipos de enseñanza.

  • Esta última categoría es la más cercana al contrato por $4.646.950 suscrito el 20 de diciembre de 2022 con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD), para realizar un “taller de habilidades comunicacionales”, muestran los registros de Mercado Público.
  • El gobierno regional está siendo investigado actualmente por la fiscalía por los convenios suscritos con las fundaciones ProCultura y Recrea.
  • La actual ministra también figura como representante legal de la fundación Cultural La Agencia. Hasta el cierre de esta edición el ministerio de Cultura no había respondido si la nueva ministra mantendrá su participación en sociedades.
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