El informe de Contraloría que advierte inconsistencias en las subvenciones presidenciales

En qué fijarse. En diciembre de 2021 la Contraloría General de la República, realizó una auditoría- rendición de cuentas- a la Presidencia para transparentar los procedimientos que se han llevado a cabo en torno a las subvenciones que entrega esta última entidad.

Las respuestas dadas por el Ejecutivo no satisficieron las dudas de la CGR, por lo que realizó el “Informe Final de auditoría Nº843, de 2021, sobre los procesos de recepción, evaluación y otorgamiento o rechazo de las solicitudes de subvenciones presidenciales, en la Presidencia de la República” el 31 de enero de 2022 de 51 páginas, donde plantea el apego o –en su defecto- la modificación al Manual de Subvenciones.

Puntos cruciales del Informe Final.

• En referencia a 13 casos en donde se aprobaron las subvenciones, la CG muestra que “no existe evidencia documentada de las razones que llevaron a la Presidencia de la Republica a financiar montos menores a los requeridos por la organización postulante”. En la evidencia que incluye el informe, se puede apreciar una diferencia total de CLP $849.113.776 entre los montos solicitados y los entregados.
• El ente fiscalizador determinó la “Falta de protocolos de inhabilidad en funcionarios que tengan relación con los socios de las instituciones que solicitan subvenciones”, y eso “impide a la entidad contar con procedimientos claros dé la forma en que deben abordarse eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse en los procesos de revisión y adjudicación de las subvenciones presidenciales”.
• “Actas de Comité́ sin fundamento de la evaluación”. Con ese titulo el informe revela que los documentos del Comité “presentan un resumen de los proyectos aprobados y rechazados, pero sin evidencia del análisis o los acuerdos adoptados en dicha instancia, lo que no permite dejar constancia de las consideraciones tenidas a la vista para aprobar o rechazar una petición de subvención, lo que dificulta además dar transparencia al proceso”.
• Con respecto a la diferencia en el plazo de aprobación de las inciativas “se advirtió que un proyecto tardó hasta 169 días hábiles en la tramitación de la subvención, a diferencia de otros en que esta fue aprobada en 8 dias hábiles. Lo anterior incrementa el riesgo de que los proyectos no puedan ser ejecutados de manera oportuna por las entidades beneficiarias, dificultando además el logro de los objetivos previstos en la inversión de los recursos públicos que se destinan para ello”.
• Otro punto hace referencia a la “Falta de control en el registro” de las subvenciones presidenciales. Al respecto el informe plantea que “las solicitudes de subvenciones son registradas en dos sistemas distintos (…) constatándose que dichas plataformas no interoperan entre sí, lo que conlleva a debilidades en el control y trazabilidad de las peticiones de subvenciones otorgadas y riesgos de que no se procese la totalidad de los requerimientos efectuados o que estos sean ingresados en forma duplicada”.
• Uno de los puntos en el Manual de Subvenciones es informar el rechazo o la cancelación de la solicitud de las instituciones, pero el informe demuestra que la Presidencia no cumple con eso: “si bien contaban (las instituciones) con correos electrónicos por medio de los cuales la Presidencia de la República informaba del cierre del proyecto, no cumplieron con la formalidad de remitir la carta a la institución que explicara los motivos por los cuales no sería otorgada la subvención solicitada”.
• La CG planteó al Ejecutivo la falta de exigencia hacia la Subsecretaría de Hacienda, que debería entregar “mensualmente a la Presidencia de la República el Informe de Estado de Observaciones Presidenciales” “sin que existan gestiones formales por parte de la primera para exigir su cumplimiento, lo que deja en evidencia una falta de supervisión y monitoreo sobre la información que debería mantenerse entre ambas entidades”.
• Además, el informe “constató que la Presidencia de la República no mantiene un control que le permita verificar que los organismos que se adjudicaron subvenciones presidenciales, reciban los montos correspondientes por parte de la Tesorería General de la República”.

Qué viene. La Presidencia tiene 60 días de plazo para ejecutar las observaciones que hace el informe final de la Contraloría, a pesar de que al actual gobierno le quedan solo 28 días.