Fue uno de los grandes grupos empresariales chilenos en las décadas de los ’90 y ‘2000, otrora accionista de Corpgroup y el primer holding bancario en instalar una bandera en Estados Unidos. Pero hace diez años su influencia comenzó a decaer, junto con el éxito de sus negocios.
Hoy, en Chile, de la familia Rishmague poco se sabe. Pero eso, solo acá, porque en Estados Unidos surgió un desconocido conflicto que salpicó a una de sus más icónicas empresas y que los volvió a poner en el ojo del huracán.
El año pasado los computadores del Centro de Análisis y Detección de la Unidad de Abuso de Mercado de Estados Unidos (MAU, por sus siglas en inglés) -que van tras patrones sospechosos en la industria financiera- recibieron una alerta poco habitual que apuntó a dos empresas: UCB Financial Advisers Inc y UCB Financial Services Limited, ambas compañías vinculadas indirectamente al Union Credit Bank (UCB), el primer banco de origen chileno en Miami (que ya no está en operación). Dicho mensaje decía, en simple, que habían ocurrido movimientos poco habituales en cuentas de algunos clientes en dichas entidades financieras.
Con esto, las fichas de MAU y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) se movieron rápido. Las primeras diligencias las llevó a cabo el funcionario Jeffrey Oraker, en conjunto con Danielle Voorhees y Joseph Sansone, todos miembros de la SEC y expertos en abuso de mercado. En junio de 2021 la entidad del país del norte presentó una demanda en contra de UCB Financial Advisers Inc, UCB Financial Services Limited y Ramiro Sugranes, uno de los socios de los Rishmague en Estados Unidos, ante la corte federal de Florida.
Según el ente norteamericano -encargado de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores- Sugranes “participó en un esquema de asignación de operaciones fraudulento de larga duración, comúnmente conocido como ‘cherry picking’”, a través de las empresas UCB Financial Advisers Inc y UCB Financial Services Limited. Con ello, se le acusa de transferir dinero a sus padres.
El “cherry picking”, en la jerga financiera estadounidense, es un fraude complejo de localizar y prácticamente invisible a la supervisión humana. Es por eso que la SEC se apoya en softwares especializados para detectar movimientos sospechosos.
En particular, este delito se genera cuando los corredores de bolsa “seleccionan” las inversiones observando el rendimiento de sus operaciones a lo largo del día y se quedan con los valores que mejor funcionan. “Esto permite a los corredores disfrutar de los beneficios del trading sin riesgo, mientras sus inversores sufren pérdidas injustas”, explica el estudio de abogados especializado Kurta Law en su página web.
En concreto, según la SEC, los demandados asignaron “miles de operaciones rentables por más de US$ 4 millones en acciones a dos cuentas preferentes mantenidas en las empresas de UCB a nombre de Ramiro Sugranes Hernández y Thelma Lanzas, los padres de Sugranes”.
Y además, el socio de los Rishmague habría asignado “millones de dólares de operaciones no rentables a otras cuentas de clientes”, lo que habría generado un perjuicio económico de aproximadamente US$ 4,6 millones a decenas de usuarios.
La fórmula
Para entender lo que acusó la SEC es fundamental conocer a Ramiro Sugranes (58), accionista de UCB Advisers y según su LinkedIn, todavía director ejecutivo de UCB Group, el holding que reúne las inversiones de los Rishmague en Chile y el exterior. Es ciudadano nicaragüense pero ha vivido durante décadas en Miami, y ha estado históricamente vinculado a las empresas de la familia nacional.
Según la acción judicial, las entidades del grupo UCB tenían 100 clientes de Estados Unidos (con direcciones en Nueva York, Florida, Texas y Minnesota), Colombia, Nicaragua y Chile. Desde septiembre de 2015 Sugranes y su pareja (Lina García, quien era vicepresidente senior de UCB Group y que también aparece en la demanda de la SEC) asignaron fraudulentamente miles de operaciones “para llevar a cabo su engañoso plan de selección”.
Antes de entender la metodología, es fundamental conocer las características de las “opciones”, un contrato para comprar o vender un valor en el futuro a un precio determinado y que UCB ofrecía. Muchos inversionistas avanzados prefieren este instrumento para limitar el riesgo a una determinada cantidad.
De acuerdo a los datos recabados por la SEC, Sugranes utilizó las credenciales de Lina García para llevar a cabo el “cherry picking”. ¿Qué hacía? Según relata el regulador, desviaron operaciones bursátiles con utilidades positivas a cuentas “propias”. En este caso, de sus padres.
Entonces, “si la posición aumentaba de valor durante ese día, normalmente se vendía o se cerraba, bloqueando así el beneficio”, se explica en la demanda. Luego, esta utilidad era asignada a la cuenta preferente, que estaba a nombre de los padres de Sugranes. En el caso contrario, si la posición disminuía de valor (y por lo tanto sufría una pérdida), se asignaba artificialmente a una o más de las cuentas no preferentes, es decir, de otros clientes de la empresa.
Durante ese tiempo se colocaron 1.600 operaciones bursátiles -95% de ellas rentables- a las cuentas preferentes “generando unos beneficios -en el primer día- de US$ 3,9 millones”. En este mismo periodo se localizaron 1.400 operaciones a las cuentas no-preferentes pero con una rentabilidad del 32%. Esto generó pérdidas por US$ 4,6 millones a los clientes.
El acuerdo con la SEC
A un poco más de un año de la presentación de la demanda, y sin haber aceptado o negado los cargos presentados por la SEC, los acusados decidieron llegar a un acuerdo con la agencia norteamericana. “(Sugranes y las entidades de UCB) consintieron en que se dictara una sentencia definitiva que les prohibiera permanentemente violar las disposiciones antifraude”, explicó el regulador estadounidense.
Parte del acuerdo fue el siguiente: que Sugranes pagara una restitución por US$ 4,6 millones “parcialmente de forma conjunta y solidaria con las otras partes, con intereses de prejuicio, y una sanción civil de US$ 500 mil”. Por parte de UCB Financial Advisers Inc y UCB Financial Services Limited, se acordó el pago de una sanción civil por US$ 250 mil cada una.
Además, el 24 de octubre la SEC inició un procedimiento administrativo que le prohíbe a Ramiro Sugranes asociarse “con cualquier corredor, agente de bolsa, asesor de inversiones, agente de valores municipales, asesor municipal, agente de transferencias u organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional”.
Esto interfiere directamente en el negocio de ambas compañías de la familia Rishmague, las cuales -comenta un conocedor- se verán “profundamente afectadas” por la explosión del caso.
Esta misma fuente opina que, a pesar de que Sugranes era un ejecutivo cercano, la familia Rishmague asegura no haber estado enterada del fraude cometido.
Y a pesar de haber sido un grupo económico diversificado y con exitosas inversiones en diversas latitudes (bancos, financieras, constructoras, centros de salud, clubes deportivos), hoy UCB Group está minimizando sus apuestas y se encuentra recortando personal. Sus oficinas en Santiago están siendo arrendadas y los pocos trabajadores que quedan están con teletrabajo.
DF MAS se comunicó por teléfono con altos ejecutivos del grupo, los cuales respondieron que la familia no quiso emitir declaraciones.
Las Diez Mezquitas
La historia dice que en 1964 el empresario Odde Rishmague -de entonces 22 años- llegó a Estados Unidos con 6 mil dólares bajo el brazo, acompañado de su señora (Edith Piddo) y su hijo Miguel, de apenas un año. Tenía una cosa en mente: alcanzar el “sueño americano”, según declaró a medios de comunicación chilenos. Y lo logró. Esto, gracias a una serie de inversiones. Una de ellas fue Rishmague Tire Company, una firma enfocada en producir materias primas para la fabricación de neumáticos, que fue vendida a Goodyear en 1988.
En 1986, tras recibir una invitación del empresario Carlos Abumohor, volvió a Chile para comprar, junto a otros empresarios chilenos de origen árabe -como Espir Aguad, Salomón Díaz, Alberto Kassis, Jorge Selume, Álvaro Saieh, Fernando Abuhadba, entre otros-, el Banco Osorno y La Unión. Fue una operación que dio inicio a lo que después se conoció como “Las Diez Mezquitas”, grupo de familias de alto patrimonio que luego fueron diversificando sus negocios, especialmente en el rubro financiero, industrial, retail y agrícola. Diez años después, en 1996, el Banco Osorno fue vendido al Banco Santander en US$ 495 millones.
En esa misma década algunos miembros de Las Diez Mezquitas constituyeron Infinsa, un holding que invirtió en una serie de firmas del rubro financiero (entre ellas los bancos Concepción y Buci, de Argentina). En 1997 la empresa fue rebautizada como CorpGroup. Rishmague llegó a tener el 24,5% junto a las familias Díaz y Awad, cediendo el control a Álvaro Saieh.
A finales de los años ‘90 Odde Rishmague planeó su próximo gran proyecto, pero esta vez como independiente: el Union Credit Bank (UCB), el primer banco chileno en pisar Estados Unidos. Hizo los trámites y en ocho meses obtuvo la patente para operar en Florida. Abrió su primera sucursal a finales de los 2000 en Brickell, el barrio financiero de Miami. Comenzó a operar en octubre de 2001, a semanas del atentado a las Torres Gemelas.
El negocio funcionó bien. Lo expandieron a Centroamérica y luego a Brasil, recibieron reconocimientos de las Naciones Unidas y siguieron abriendo sucursales en Miami. Uno de los obstáculos fue la crisis subprime, la cual les permitió darle un giro al negocio. Consiguieron socios y planearon su “segundo capítulo”, dice un conocedor.
“Estamos en la posición de adquirir uno de los bancos que están en poder del gobierno. Estamos en eso, porque ahora tenemos demasiado capital. Podemos aumentar en casi tres veces nuestro tamaño con el capital que tenemos”, dijo Miguel Rishmague, hijo de Odde, a Diario Financiero en abril de 2010. Años después el banco sumó inversionistas y se transformó en Apollo.
Antes de la crisis subprime Odde y Miguel encargaron un estudio a economistas norteamericanos para delinear las industrias más “seguras” para invertir. El resultado fue el rubro médico, gastronómico y de préstamos financieros (no bancarios). Con esto en mente, desarrollaron Medicenter, una compañía de sucursales médicas que comenzó en Chile y luego se expandió a Perú y Colombia.
Pero desde 2012 no se supo más de ellos. Siguieron invirtiendo en Chile (acá, por ejemplo, son accionistas minoritarios de Palestino), Estados Unidos y Centroamérica, pero con un extremado bajo perfil. Eso, hasta que llegó la SEC de Estados Unidos y expuso a uno de sus principales ejecutivos.
