En medio de los cuestionamientos en las últimas semanas a los tratos entre el Estado y algunas fundaciones, la fiscalía regional del Biobío inició dos investigaciones de oficio para esclarecer posibles delitos en el uso de recursos públicos.
A través de un comunicado, se explicó que la "Fiscalía Regional del Biobío comunica que inició de oficio (por iniciativa propia) dos investigaciones mediante de las cuales se buscará esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones".
Tal como ha ocurrido en distintas regiones del país, la fiscalía regional buscará investigará un convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda del Biobío y la fundación Urbanismo Social,que también está en la mira por contratos firmados con otros organismo regionales, y también se investigará un convenio entre el Gobierno Regional del Biobío y la ONG Cultivarte.
En ese contexto, el ministro de Vivienda y Urbanismo informó que el ministro, Carlos Montes, instruyó a la comisión investigadora de su repartición a que investigara el caso.
Cabe recordar que la Fiscalía de Antofagasta fue la primera que inició una investigación por el caso del convenio suscrito entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de la región, ambas dirigidas por militantes de Revolución Democrática (RD), pero luego se iniciaron investigaciones en otras zonas del país.
En la región del Maule también se inició una investigación por convenios suscritos entre la misma fundación Urbanismo Social y la Seremi de Vivienda, mientras que en Los Lagos la fiscalía abrió una investigación por convenios entre el gobierno regional y otras fundaciones.
La Fiscalía de Atacama también abrió una investigación por convenios de la Seremi de Vivienda de la región con una fundación.
