Familiares de Héctor Llaitul, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se encadenaron, la mañana de este jueves, a la Contraloría Regional del Biobío, protestando para que el contralor los reciba y se tomen en cuenta las solicitudes hechas por Llaitul y su hijo Ernesto, que están presos.
Pamela Pezoa, exesposa de Héctor Llaitul y madre de Ernesto y Pelentaro, quienes están en prisión preventiva acusados de distintos delitos, se manifestó fuera de la institución regional del Biobío y pidió ser recibida por el contralor, quien según acusó, puso en cuestión el dictamen que ordenada a los recintos carcelarios a ajustarse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la necesidad de dar un trato diferente, que se acerque a su cosmovisión del mundo, a los presos de distintas etnias.
“A Gendarmería se le ha concedido casi un poder absoluto sobre los presos, y particularmente sobre los presos mapuche. Gendarmería está sobre los tribunales de justicia, sobre el Poder Judicial, y eso es por un dictamen que realizó Contraloría”, acusó Pezoa.
“En estos momentos es la principal traba para que los tribunales de justicia hagan valer los derechos de nuestros familiares, que en estos momentos se encuentran desarraigados, lejos de su familia y de sus comunidades, y además, la defensa no puede hacer su trabajo porque tiene que recorrer muchos kilómetros para hablar con ellos”, añadió.
Actualmente, nueve presos mapuche, cuatro de la cárcel de Valdivia y otros cinco del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, están en huelga de hambre y piden ser trasladados a módulos especiales para presos mapuche y no en cárceles de alta seguridad.
“Son presos políticos mapuche porque hay que pensar que a Héctor Llaitul se le está aplicando la ley de seguridad del Estado, que es una ley política. El Estado no quiere aplicar la ley antiterrorista porque ha sido condenada internacionalmente, y por ese motivo es que prepara leyes comunes; como la del robo de madera, la del crimen organizado, la de usurpaciones, para condenar y perseguir al pueblo mapuche con leyes comunes”, acusó la exesposa del líder de la CAM.
“Está claro que el Gobierno de Boric sigue defendiendo los intereses de las empresas forestales. Ha habido una campaña comunicacional y de persecución jurídica. Gabriel Boric continúa con el Estado de Excepción en el Wallpamu, cambió su lenguaje en una semana. Primero hablaba del Wallmapu y ahora se suma al discurso de la derecha y de las empresas forestales”, añadió, apuntando al Gobierno de Boric.
