El cronograma para las próximas elecciones ya está definido. El oficialismo y la oposición han comenzando a delinear sus estrategias para seducir a los votantes que contempla el padrón.
Pero lo que aún no está claro es la posibilidad de las 16 mil personas que en las últimas elecciones no pudieron ejercer su derecho a sufragar por estar en la cárcel.
Ante el debate que se generó el año pasado ante los miles de reclusos que no podrían manifestar su preferencia, y que tuvo de por medio un fallido proyecto de ley y juicio ante el 7mo Tribunal de garantía de Santiago, T13.cl requirió por Ley de Transparencia por la cantidad de afectados y quiénes habían expresado su intención de hacerlo.
¿Pueden votar los presos?
La Constitución establece que son ciudadanos "los chilenos que hayan cumplido 18 años, que no hayan sido condenados a pena aflictiva" y "los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, que cumplan con los requisitos señalados en el inciso 1ro del artículo 13".
El artículo 17 de la misma carta explica, entre otros, que la ciudadanía se pierde por condena a pena aflictiva - que amerite una condena de, a lo menos, tres años y un día de privación de libertad.
Además, Chile suscribe dos acuerdos internacionales que considera sobre los derechos de personas privadas de libertad: el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, en su art. 25, establece que todos los ciudadanos gozarán del derecho a votar, y el Pacto de San José de Costa Rica.
En rigor, un recluso en Chile que ingresa a presidio y es condenado a una pena inferior a tres años y un día, mantiene su ciudadanía. Pero, dada el actual sistema carcelario, no pueden sufragar.
En Argentina, esta situación se subsanó en 2007. Siete años después, Chile aún no cuenta con una ley para solucionar esta vulneración de los derechos de personas privadas de libertad.
Las cifras y la realidad tras las rejas
Los presos están presos porque cometieron delitos, tenemos que preocuparnos de ellos (...) pero de ahí a llevarles urnas para que voten, realmente me parece que estamos yendo demasiado lejos"
En 2013 surgieron varias voces que plantearon esta problemática, y en medio de la contienda presidencial, desde el Ejecutivo se habló de enviar un proyecto de ley para solucionarlo.
La entonces candidata presidencial, Evelyn Matthei, fue una de quienes cuestionó la iniciativa:
"Hay algunas personas que están pensando en llevar urnas a las cárceles para que voten los presos, las personas privadas de libertad. Quiero decirles que a mí me parece súper bien que nos preocupemos de los derechos de todos, pero me parece que estamos yendo un poquito lejos", argumentó.
En esos entonces se desconocía la cifra de cuántas personas se quedarían sin poder votar.
T13.cl accedió vía Ley de Transparencia a un dossier de Gendarmería, que desglosa las cifras y que dio cuentas de que no existe ningún mecanismo o posibilidad de sufragar:
¿Por qué en Chile no se respeta este derecho?
Efectivamente, aquí falta una regulación, como faltaba una regulación para el derecho a voto de chilenos en el exterior
Según explica a T13.cl el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, que "no existe una ley, no está regulado un mecanismo que permita que personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a sufragio".
En 2013, el 7mo tribunal de garantía de Santiago determinó que se debía disponer de un método para que reos pudieran ir a votar, asignando esa responsabilidad al Servel.
Ante esto, el organismo debió recurir al CDE para contestar a la Justicia, que en otros países ha coincidido en ordenar el implementar un sistema para que reos voten.
"Yo conversé con el magistrado, posteriormente a través del Consejo del Estado (CDE) se hizo una presentación, porque consideramos que no hay una ley que nos permita resolver esta situación"
Santamaría acota que "en su momento se habló de abrir una circunscripción electoral al interior de la cárcel y que las personas que estaban ahí pudieran cambiar su inscripción. Pero el tema va más allá de eso".
Según precisa, surgen una serie de interrogantes sobre cómo llevar a cabo el proceso, entre las que se cuentan:
-¿Cómo regularíamos, por ejemplo, el tema de la propaganda?
-¿Qué posibilidades tendrían los candidatos/as de ingresar?
-¿Quiénes constituirían las mesas? ¿Serían las propias personas recluidas? ¿Estarían obligados ellos a trasladar su inscripción?
-¿Qué pasaría con los apoderados? ¿Tendrían que ser personas privadas de libertad?
-¿Qué pasa con la obligación de nosotros de garantizar los escrutinios públicos? ¿Habría que abrir las puertas, que los vecinos pudieran ver el conteo? ¿Cómo hacerlo?
Pero el problema no es que sólo la normativa no está preparada, sino que en determinados recintos penitenciarios no habría información sobre el estado, como reporta en la respuesta a T13.CL el alcaide del centro de detención preventiva de Santiago Uno, Juan Carlos Rojas:
"En esta unidad no se realizó ningún levantamiento de información respecto a la cantidad de imputados a los cuales les correspondería sufragar, como los que expresaban su voluntad para participar de esos sufragios", contestó vía oficio.
La meta de las autoridades para las presidenciales
La decisión para solucionar esto es fundamentalmente política, para decidir terminar con esos obstáculos
Tras la solicitud de información de T13.cl, el jefe de la unidad de protección y promoción de DDHH de Gendarmería, Jhonatan Ulloa, expuso que:
"Se iniciarán las acciones tendientes a retomar el tema y establecer contacto con las entidades involucradas, con la finalidad de estudiar y, eventualmente, proponer un mecanismo que permita a la población penal ya indicada, ejercer su derecho a sufragio".
En el Servel fijamos como meta estratégica para 2014-2016 el eliminar todas las barreras que impiden que las personas puedan sufragar, que es un derecho humano garantizado.
A su turno, Patricio Santamaría, explica que mecanismos "para garantizar el voto secreto, informado y buscar mecanismos, existen en otros países", pero que "la decisión es fundamentalmente de carácter político, para decidir terminar con esos obstáculos políticos".
“Por ejemplo, podría establecerse el voto anticipado, que lo contemplan otras legislaciones, que abren un periodo previo a la elección y se toman las condiciones para resguardar el secreto del voto, pero que sea libre e informado”.
Además, acota que "existe la posibilidad de que el mismo día funcione una mesa en el penal, pero que va a tener que tener una regulación especial, que permita que los candidatos puedan ejercer control con apoderados".
"Va a haber que tener desde la posibilidad del acceso, la adopción libre y soberana de la decisión, del secreto en el voto, de que los candidatos tengan reconocido espacio como para hacer sus planteamientos, para controlar la votación. Todos esos temas admiten solución, pero hay que legislar", remata.
