Son más de 24 mil niños, niñas y adolescentes de todo el país -que han sufrido graves vulneraciones- los que están a la espera de poder acceder a tratamientos por parte del Estado. Esperas que podrían alargarse hasta por más de un año, situación que podría complicarse aún más. Algunos programas a cargo del Servicio Mejor Niñez han interrumpido sus terapias abruptamente.
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