El Estado compró un sitio por casi 4 mil millones de pesos, prometiendo que podría construir cerca de 150 soluciones habitacionales. Pero ese terreno nunca estuvo ni estará disponible para esa función, porque está en pleno lecho de un río y está protegido por ser un sitio arqueológico. Además del despilfarro y el supuesto error de las autoridades, la fiscalía investiga si en esa extraña transacción hubo probable enriquecimiento ilícito o fraude al fisco.
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