Algunos tienen más de 80 años, para que se haga una idea. Se trata de casi 3 mil profesores y asistentes de la educación que no han podido jubilar y siguen a esa edad trabajando a la espera del pago de un bono que el Estado les prometió. Una sentencia que los obliga a levantarse de madrugada y regresar de noche a sus casas, pagando por el fracaso de una ley, un derecho adquirido.
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