La evaluación de una acusación constitucional, una interpelación y hasta posibles acciones legales. Todos esos flancos se abrieron para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego que la ex seremi de la cartera, Patricia Hidalgo, denunciara presiones por parte del gobierno en la votación de proyectos con impacto medioambiental, acusación que desde el Ejecutivo salieron a desmentir.
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