Tras el fallo del tribunal constitucional que rechazó el reglamento de objeción de conciencia presentado por el gobierno, los parlamentarios de oposición iniciaron una ofensiva en la que evalúan incluso acusar constitucionalmente a los ministros del tribunal. Además anunciaron que llevarán la objeción de conciencia institucional a la corte Interamericana de Derechos Humanos.
