El rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, significó el cuarto intento fallido de la oposición por acusar a un integrante del gabinete en este gobierno. Esto sumado a las numerosas acciones similares en la administración anterior para muchos da cuenta del desgaste y desprestigio de esta acción fiscalizadora y pone un manto de dudas sobre el éxito de futuras acciones fiscalizadoras de esta envergadura.
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