La fiscalía abrió una investigación contra el gobierno, a raíz de dos querellas desde la oposición que apuntan a eventual intervencionismo. Ambas acusan malversación de caudales públicos en la impresión de los cerca de 700 mil ejemplares de la propuesta constitucional repartida por el Ejecutivo. El ministro Giorgio Jackson calificó las denuncias como un "show triste".
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