El subarriendo y el aprovechamiento golpea a un grupo de inmigrantes, principalmente haitianos, que se ven obligados a vivir en precarias condiciones. Pagan 120 mil pesos por una pieza en la que hace dos meses no cuentan ni siquiera con electricidad porque a quien se las subarriendan dejó de pagar las cuentas. Hasta el municipio está buscando alguna forma de ayudarlos.
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