El Estado tendrá que pagar 10 millones de pesos por los insultos y las amenazas con un arma de fuego, con que una subcomisario de la PDI, las emprendió contra un chofer con que protagonizó un accidente de tránsito. El hecho causó conmoción pública porque el afectado grabó la polémica reacción de esta funcionario policial.
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