El Gobierno expulsó a 51 ciudadanos colombianos que estaban cumpliendo penas de cárcel en nuestro país o que habían sido condenados por delitos graves en su país. Ninguno de ellos podrá regresar a Chile dentro de los próximos diez años. Desde el Instituto de Derechos Humanos anuncian que presentarán un recurso de amparo pues estiman que se vulneró la seguridad de los detenidos.
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