La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado chileno por el trato "discriminatorio" a la profesora Sandra Pavez, quien fue suspendida de su cargo en un colegio municipal por ser homosexual. Tras 15 años de lucha, el Estado deberá pedirle disculpas públicas y pagarle $28 millones de pesos.
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