El proyecto aborda una de las grandes polémicas de los últimos años, el lucro, aunque sin hacerse cargo de una de las demandas de parlamentarios y movimientos sociales, que era tipificar el lucro como delito.
La iniciativa sí prohíbe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones, y resguarda que entidades con fines de lucro puedan tener control de manera indirecta.
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