Contraloría detectó graves falencias en el sistema habilitado para el control de las armas inscritas que está a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Entre los hallazgos más preocupantes figuran unas 700 personas que aun teniendo condenas por delitos de crimen registran autorizaciones para comprar y portar armas. ¿Se trata solo de un problema de trazabilidad como lo califica la autoridad o hay algo más oculto que debiera preocuparnos después de esta revelación?
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