Después de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el segundo decreto de ley del Sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, iniciativa conocida como la "Ley Ricarte Soto", el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, explicó cómo se incorporan los nuevos tratamientos.
"El sistema que establece la ley Ricarte Soto es darle transparencia a las decisiones de qué es lo que se financia en salud. Lo que hace es que haya un proceso de evaluación donde se decide por un tratamiento que es efectivo y que se ponga a disposición de las personas que lo necesitan, independiente de su sistema de salud, público, privado o de las fuerzas armadas", comentó el subsecretario.
"Por lo tanto, para aquellos que sufren estas enfermedades no hay ninguna diferencia", añadió.
Asimismo, expresó que "la ley establece $ 2.400.000 de tratamiento anual, que hace que cualquier tratamiento debajo de esa cifra ya no sea de alto costo. Otro parámetro es si el tratamiento es tan caro que garantizarlo cuesta más que todo el dinero que se dispone en el fondo. Efectivamente, hay tratamientos que han sido reclamados, pero son imposibles de garantizarlos".
—¿A cuántas personas beneficiará la bomba de insulina?
"Una de las cosas del proceso es decir para qué es efectivo y qué de lo que es efectivo a nosotros nos interesa. Uno puede decir que la bomba de insulina puede ser beneficioso en términos de comodidad, para no tener que andar con la maquinita. Pero eso es distinto a aquellas personas que a pesar de estarse pinchando no mantienen un control metabólico y corren riesgos de tener convulsiones, complicaciones y llegar a la muerte. Entonces, en ese grupo, cuando uno tiene el tratamiento, lo que se gana es mucho más importante y eso sí justifica el esfuerzo que se está haciendo en términos de priorización. Hicimos la separación por quiénes ganas qué cosa y lo que se gana es disminución de mortalidad y una diminución de morbilidad que implica hospitalizaciones", comentó Burrows.
