Según explicó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez- Lobo, el primer semestre de 2017 se espera tener aprobada la ley que regulará el servicio de taxis básicos y de aplicaciones de transporte urbano, conocida como la "Ley Uber".
"Dependerá de los plazos legislativos. Estamos en el primer trámite constitucional pero ya en enero se verá en la Cámara de Diputados y yo espero que durante el primer semestre podemos tener la ley aprobada", afirmó Gómez-Lobo en conversación con "Mesa Central" de Tele13 Radio..
El ministro remarcó que "el camino es legislar para regularizar estas aplicaciones y establecer ciertas normas básicas que garanticen calidad y seguridad".
Además, adelantó que el proyecto de ley contemplará la posibilidad que los taxis cobren con aplicaciones indicando anticipadamente el monto de la carrera a los usuarios como también sanciones más severas para los conductores que incurran malas prácticas, como la adulteración del taxímetro.
Por otra parte, el proyecto de ley exigirá conocer la cantidad de conductores y automóviles inscritos en las aplicaciones como Uber, datos que hasta el momento el ministerio desconoce.
Es en este contexto que el ministro hizo un llamado a seguir utilizando los servicios establecidos, pues ellos se regulan bajo las normativas existentes.
Cambio en las boletas de telefonía móvil
Frente a la recomendación que realizó la Fiscalía Nacional Económica de esclarecer los cobros entre el monto de los planes de telefonía y del arriendo de los equipos móviles, el ministró valoró el estudio realizado.
"Nosotros lo que vamos hacer es exigir a las empresas proveedores que modifiquen sus actuales boletas con el fin de que entreguen información más clara y transparente a los usuarios para garantizar que exista una separación efectiva entre el contrato por el teléfono y por los servicios de telecomunicaciones", explicó.
El ministro agregó que la medida aumentará la transparencia de los costos y evitará que las empresas reduzcan la posibilidad de que los usuarios se porten a otras compañías.
"Eso es lo que le preocupa a la Fiscalía, que exista una barrera a la portabilidad. Nosotros vamos a exigir a las compañías un cambio normativo, reglamentario y evitar que exista cualquier tipo de conexión entre ambos contratos y que pueda ser una barrera para el cliente cambiarse de empresa" explicó.
