Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega del Informe Anual llamado "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016" a la Presidenta Michelle Bachelet. En él, los dos grandes puntos fueron los derechos del menor como la situación de las pensiones en nuestro país.
En cuanto al primer tema, el INDH pone énfasis en reestructurar las responsabilidades entre ministerios y servicios, sancionando muertes y maltratos descubiertos. Lo anterior, debido a la crisis que enfrenta el Sename —donde 210 niños han muerto en hogares de menores durante los últimos 11 años—.
"En infancia no hemos hecho lo suficiente", dijo Branislav Marelic, director de la institución en Tele13 Radio 103.3FM.
Continuando con el informe, solo el 9% de los ingresos totales del Sename corresponden al sistema de justicia juvenil.
Ante esto, Marelic comentó que la separación de los dos servicios —uno encargado de la protección de menores vulnerados en sus derechos y el otro destinado a los infractores de ley— "es algo que se debió hacer hace muchos años y es una buena forma de empezar a abordar el tema". De la misma forma, el director aseguró que visitarán los centros del Sename para intervenir en este punto y observar su desarrollo.
En cuanto a pensiones, "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016" revela que un 50% de los jubilados recibe un tercio de sus sueldos.
"Esa es una preocupación del instituto, en esto nos olvidamos de que la seguridad social es un derecho humano. No puede ser que estemos tolerando un modelo que permita o que lleve a una persona jubilada a la línea de la pobreza. Es algo que no cuadra desde el punto de vista de los DD.HH.", apuntó Marelic.
Si quieres conocer el informe anual "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016" completo, puedes hacerlo en el siguiente link.
¿Beneficios a Condenados por Derechos Humanos?
El director del INDH, además, se refirió al debate en torno a los beneficios para las personas condenadas por delitos de Lesa Humanidad.
Allí, Marelic expresó que hay dos debates que se confunden, que tiene que ver con el acceso a beneficios (que bajo la normativa actual procede para todos los procesados) y con el acceso para los penados por Derechos Humanos. "Allí tiene que haber requisitos estrictos, diferenciados del delito común: arrepentiemiento, colaboración, buena conducta", añadió.
"El otro debate es el acceso a beneficios cuando hay enfermedades graves y allí el debate es diferente, porque hoy la única forma es que accedan mediante un indulto, por tanto está en manos del poder ejecutivo", comentó.
—¿Una persona de 85 años, con cáncer o demencia, puede ser indultada?
"Si tenemos certeza, el indulto procedería. Una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, que no sabe dónde está, en realidad no cumple la finalidad de la pena", respondió.
