Este miércoles, la Contraloría General de la República definió recurrir al mecanismo de contienda de competencia por primera vez en 18 años. Esto, con el objetivo de que el Congreso dirima una controversia entre el organismo y la Corte Suprema.
Ambas instituciones se encuentran enfrentadas por el destino de los dineros previsionales de 1.300 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Mientras la Contraloría sostiene que se encuentran sujetos al régimen de AFP, la Corte ha dicho que pertenecen a Capredena, régimen previsional al que se encuentran sujetos los funcionarios de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad.
Según explicó el contralor general, Jorge Bermúdez, lo que debe ocurrir ahora es que el Senado notifique a la Corte para que detenga los juicios al respecto y solicite un informe. Este informe sería revisado por la Cámara Alta y luego se realizarían exposiciones en el hemiciclo.
Y en Tele13 Radio, Bermúdez retomó el tema.
—¿Cuánto significaría el cambio de sistema previsional?
"Lo que tiene que ocurrir es un cambio legal. Para la contraloría, esto fue zanjado en el año 1985 donde hubo efectivamente un cambio legal, y donde se dijo: las personas que de aquí en adelante ingresan a ese servicio público son del régimen normal, es decir de las AFP. Ese reclamo de poder pasar a otro régimen previsional, en este caso a Capredena, debe hacerse por ley", expresó el contralor.
"En términos de recursos públicos esas cajas, tanto Capredena como Dipreca, hoy día reciben de la ley de presupuestos, es decir plata que aportan todos los contribuyentes de este país. En el caso de Capredena más de un billón de pesos. Y en el caso de Dipreca son más de $500 mil millones. Por lo tanto, las cotizaciones que los funcionarios que cotizan en esas cajas aportan, no alcanzan a cubrir ni siquiera el 15% de lo que se tiene que pagar por razón de pensiones. Seguir cargando esas cajas, por una vía que no está prevista legalmente, me parece que lo que hace es consolidar una situación de excepción y privilegios que no debiera ser", añadió Bermúdez.
—Entonces, ¿cuánto dinero implicaría un eventual traspaso?
"Son 1.300 personas reclamando ante la Corte Suprema por este supuesto derecho, y por lo tanto, hay que calcular la expectativa de vida, si hay montepíos o no, cual es el grado con que jubilaría, pero en términos gruesos nosotros calculamos que son entre $250 mil y $300 mil millones que en un lapso de 30 años se sobrecargaría el régimen de Capredena", respondió.
"Aquí cambió la ley. Si la ley no hubiese cambiado el año 85, probablemente tendríamos a esos 2 mil y tantos funcionarios de la DGAC en el régimen antiguo de pensiones. Pero la ley cambió, y cambió para todos los trabajadores. Y todos los trabajadores del sector público. Y por tanto, ese cambio implica que todos cotizamos en el régimen de AFP. El problema que hay acá se resuelve de una manera, y la resolución es legislativa. Pero mientras no cambia la ley, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar lo que está vigente", agregó el contralor.
