El fiscal occidente José Luis Pérez Calaf defendió el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento para seis imputados en el denominado caso Tsunami. La resolución fue confirmada ayer por el tribunal.
En el acuerdo se señala que el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett y los marinos del SHOA (repartición de la Armada encargada de levantar las alarmas) Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que pagar una indemnización de $245 millones entre todos, leer una carta a las víctimas y financiar un seminario sobre este tipo de emergencias.
El persecutor comentó que "entre esta posibilidad libre de exponer hoy o la de un juicio oral largo, dilatado, donde podrían haber sidos interrogado por defensores, pensamos en las víctimas para obtener este beneficio. Obtuvimos cosas que ni siquiera en un juicio penal y sentencia habríamos obtenido".
En este sentido, destacó que "en ningún proceso penal se logra que un acusado pida perdón, en este caso todos reconocieron errores".
"Estábamos entre dos extremos, uno lograr una condena y otra sobre la absolución. Tomamos un camino intermedio, que tiene el beneficio de lograr cuestiones que ni siquiera en la condena se podrían obtener", remarcó.
