Roberto Garrido, abogado representante de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) y de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), conversó sobre el recurso de protección que presentarán ante la Corte de Apelaciones, el que busca evitar que se declare ilegal una pensión superior a las 60 UF. Pretenden que se siga calculando en base a la legislación actual de pensiones de Gendarmería.
Esto porque la Contraloría General de la República emitió un dictamen que fijaba un tope para las pensiones de los funcionarios de Gendarmería, el cual quedó en 60 UF (casi $1.570.000), y así establecer un límite a las altas jubilaciones que algunos oficiales y profesionales de la institución han obtenido.
"Entre un 20% y 25% más de carga impositiva tiene Gendarmería, sus funcionarios tienen una remuneración imponible más allá de lo que generalmente un funcionario público o funcionario del sector privado cotiza. Cotizan un 20% o 25% más que nosotros, por eso que tienen una pensión mayor", dijo.
En esta línea, también comentó el caso de Myriam Olate, ex subdirectora técnica y esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, quien se jubiló con una una millonaria pensión de $5.215.000.
"Tuvimos conocimiento de ella a propósito de la revisión de otros funcionarios que represento. Es una situación especial, llama la atención por los montos, pero en su momento fue tramitada totalmente por la Controlaría General. Es un ejemplo malo en relación a la situación general de los funcionarios de Gendarmería, escapa a lo normal", dijo.
En este sentido, agregó que ""un caso así perjudica los funcionarios de Gendarmería. Me preguntan por ese caso, pero tengo todos los otros que están con un millón en una pensión, han impuesto más que el resto y ahora que le dicen que aspiraba como máximo a $1,5 millones, ya no lo puede recibir".
