Luego que este miércoles el Senado aprobara el proyecto de ley que aumenta las restricciones a los consumidores de tabaco, la firma British American Tobacco (BAT) acusó inmediatamente que estas modificaciones no son parte del Convenio Macro para el control del tabaco y amenazó con el cierre de sus operaciones en Chile.
Ante esto, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, expresó que "si piensan que hay algún reclamo institucional hay un estado de derecho y existen las instancias para hacer esas representaciones".
Sobre lo anterior, además, expuso que el convenio referido "establece un piso, no un techo de medidas para la disminución del flagelo de la salud pública. Lo que nos propone este marco es ir más allá, porque el país requiere que se tomen medidas", y que es del interés de la representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país que Chile sea existoso al implementar estas medidas —que incluye eliminar los cigarrillos con aditivos, como la menta, entre otras—.
Jaime Burrows aseguró que es necesario tomar medidas para este "flagelo" que trae costos en salud, economía y con 16 mil personas que mueren en Chile a causa del tabaquismo. "Las medidas que se aprobaron ayer van en la dirección del objetivo que nos hemos propuesto, dejar de ser los campeones del consumo de tabaco en América", agregó.
¿Ha evaluado el gobierno el impacto real de la marcha de BAT?
Uno de los golpes expuestos por la BAT fue que el efecto de las prohibiciones serían de US$ 400 millones menos de recaudación anual para el fisco.
Sin embargo, el subsecretario de Salud Pública respondió que "lo que se está buscando es un bien muy superior a lo que ellos plantean".
Porque el costo económico implicado por tratar enfermedades asociadas equivale a un billón de pesos, el 0,8% del PIB o el 17% del presupuesto de Salud. "Si uno pensara en términos económicos hay una ganancia neta, pero nos preocupa es en términos de salud", cerró.
