La Defensoría de la Niñez no descartó avanzar en acciones legales por la ordenanza municipal que impone un “toque de queda” nocturno contra menores de edad durante el verano 2022-2023 y afirmó que se ofició al alcalde de la comuna para entregar el detalle de la medida.
Fue durante este miércoles que el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, hizo una serie de anuncios vinculados a materia de seguridad de cara al periodo estival 2022-2023.
“Estamos en un momento muy delicado en términos de seguridad y los municipios hemos tenido que entrar a regular temas que antes nunca hubiéramos imaginado, más aún Zapallar, que es una comuna donde la población flotante se cuadruplica durante el verano, por eso, junto al concejo municipal buscamos sancionar a los padres o adultos responsables de menores de edad que transiten solos entre las 23 horas y las 5 de la mañana”, dijo.
Alessandri, además, indicó que “sabemos que es una medida extrema pero muy necesaria, más cuando los adultos no están haciéndose responsables de lo verdaderamente importante, sus hijos, quienes están siendo utilizados en redes de delincuencia y bandas de tráfico de drogas”.
Tras conocerse dichas afirmaciones, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que “ante el anuncio público de la Municipalidad de Zapallar de instalar o instaurar un 'toque de queda' para adolescentes, como Defensoría de la Niñez manifestamos lo que en su momento, a propósito de iniciativas de esta naturaleza de otros alcaldes, dijimos: Ninguna ordenanza municipal puede estar por sobre la Constitución ni la Ley y particularmente en lo que dice relación con la libertad ambulatoria y con derechos consagrados a niños, niñas y adolescentes por la sola condición de personas”.
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“Es evidente que una decisión como la que se ha anunciado no puede proceder en nuestro Estado de Derecho, desde la perspectiva de asegurar a niños, niñas y adolescentes, su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de todos aquellos que la Constitución y la Ley les asegura”, agregó.
Sobre lo mismo, Muñoz indicó que "aquello es particularmente relevante considerando que la decisión se enfoca en un ámbito relacionado con la delincuencia, donde pone un foco estigmatizadoren una población específica de manera indebida y vulneratoria de derechos de adolescentes, poniendo un foco contrario a aquello que desde lo público se debe hacer, que tiene que ver más bien con promover y asegurar el ejercicio efectivo de derechos de esta población".
"Considerando lo anterior, lo primero que hemos resuelto es oficiar directamente al alcalde de dicha municipalidad para determinar con claridad cuál es el contenido de aquella ordenanza que ha anunciado públicamente y conforme a ello, por supuesto, adoptar las decisiones que desde el punto de vista administrativo o judicial, como institución, debamos tener que asumir con la finalidad de evitar que una vulneración a las garantías constitucionales y a los derechos consagrados a nivel internacional como nacional respecto de niñas, niños y adolescentes se pueda producir”, cerró.
