Las autoridades registran la sede de Samsung en Seúl por escándalo de corrupción
Las autoridades registran la sede de Samsung en Seúl por escándalo de corrupción
AFP
La fiscalía de Corea del Sur registró este miércoles las oficinas de Samsung en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción que afecta a la presidenta, Park Guen-Hye.
Esta redada se produce en un momento complicado para la presidenta surcoreana, acusada de haber permitido que su amiga Choi Soon-sil utilizara su relación para obligar a grandes conglomerados industriales como Samsung a efectuar importantes donaciones a fundaciones creadas por ella y usar luego el dinero para fines personales.
Choi, de 60 años, también se involucró supuestamente en asuntos de Estado e incluso habría influido en nombramientos de altos cargos.
Samsung está acusado de haber sobornado a Choi Soon-Sil para conseguir el visto bueno del Estado para una fusión el año pasado.
Los investigadores acudieron a la oficina que supervisa las estrategias de negocio de la empresa, informó la agencia Yonhap.
Un portavoz de Samsung confirmó el registro, sin otorgar más detalles.
La fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries, completada el año pasado, era considerada como un paso clave en el marco de la transición generacional que enfrenta el grupo y el paso del mando a Lee Jae-Yong, tercera generación al mando de la empresa.
La fusión generaba polémica entre quienes afirmaban que las acciones de Samsung C&T estaban valoradas a un precio inferior al del mercado, pero el mayor accionista del grupo coreano, el Servicio Nacional de Pensiones (NPS) votó a favor.
Este servicio está supervisado por el ministerio de Bienestar, cuyo director en el momento era considerado como muy cercano a Park.
Samsung, que es la mayor empresa del país, donó 20.000 millones de won (17 millones de dólares) a la fundación de Choi, convirtiéndose en el mayor benefactor de la institución.
Varios altos cargos de Samsung, incluyendo a Lee han sido interrogados por los fiscales durante la investigación, que sugiere que desde hace décadas hay vínculos nocivos entre el mundo de la política y el de las empresas.
