Harvard se está defendiendo en una demanda sobre cómo elige a sus estudiantes que fue interpuesta por un grupo que representa a más de una docena de postulantes asiático-estadounidenses que fueron rechazados.
El grupo presentó la demanda el 2014, alegando que la universidad utiliza un sistema ilegal de cupos, y está tratando de dar a conocer públicamente en un expediente legal información sobre el proceso de admisión. Harvard quiere mantener la confidencialidad de los registros hasta que la jueza decida si desestimar el caso.
En una audiencia realizada el martes en Boston, la jueza de distrito de Estados Unidos Allison Burroughs estuvo de acuerdo con la escuela, diciendo que la mayoría de los registros seguirán siendo confidenciales hasta que ella falle. Si el caso continúa, gran parte de la información se hará pública en un juicio en octubre.
"Estas cosas se archivan bajo llave en este palacio de justicia todo el tiempo", dijo, e instó a ambas partes a ponerse de acuerdo sobre qué se puede revelar y qué debería permanecer en privado. Esto es, en muchos sentidos, una tormenta en un vaso de agua".
Harvard habría violado la Ley de Derechos Civiles de 1964 al discriminar a postulantes asiático-estadounidenses, participar en un "equilibrio racial" ilegal y no considerar alternativas raciales neutras. Como parte del intercambio de documentos previo al juicio, Harvard presentó datos de admisión correspondientes a seis años pertenecientes a cientos de miles de postulantes.
Secretos comerciales
El grupo, denominado Estudiantes por una Admisión Justa, quiere incluir los datos en un expediente legal el 15 de junio en el que solicitará a la jueza que falle a su favor en el caso y señaló que los procedimientos judiciales deberían ser públicos. Harvard señala que la divulgación violaría los derechos de privacidad de los estudiantes y equivaldría a publicar secretos comerciales confidenciales sobre el funcionamiento interno de su proceso de admisión.
"No es necesario poner la receta de la Coca-Cola en la moción, pero se puede aludir al hecho de que existe una receta para la Coca-Cola", le dijo Burroughs a William Consovoy, abogado de los demandantes. Consovoy dijo que Harvard ha adoptado una "posición extrema" al archivar casi todos sus documentos legales bajo llave para ser revisados solo por abogados.
Eso significa que Edward Blum, antiguo activista en contra de la discriminación positiva que lidera el grupo Estudiantes por una Admisión Justa, no puede verlos, dijo. Alrededor de 90.000 páginas de documentos se han intercambiado entre ambas partes. "Estamos frustrados", dijo Consovoy.
El abogado de Harvard, William Lee, dijo tras el tribunal que la universidad estaba siguiendo un protocolo regular al intentar mantener la confidencialidad de los documentos hasta el juicio.
’Interés sustancial’
"Estamos muy contentos de que vaya a haber un juicio rápido", dijo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo la semana pasada que tenía un "interés sustancial" en el caso e instó a la jueza a hacer públicos los datos. Harvard señaló en respuesta que ya proporcionó la información al Gobierno para su investigación sobre las prácticas de admisión de la universidad, una investigación, agregó, que no se abrió hasta que Jeff Sessions se convirtió en fiscal general.
Harvard anunció el mes pasado que admitió al 4,59 por ciento de los postulantes a su generación del 2022. Las mujeres representaron el 50,1 por ciento de los aceptados; los afroamericanos, el 15,5 por ciento; los latinos, el 12,2 por ciento; y los nativos estadounidenses, el 2 por ciento, según el medio Harvard Crimson. Los asiático-estadounidenses correspondieron a un récord del 22,7 por ciento de la generación.
El caso es Estudiantes por una Admisión Justa versus Harvard College, 14-cv-14176, Tribunal de distrito de EE.UU., Distrito de Massachusetts (Boston).
