Expertos de todo el mundo presentaron proyectos comunitarios de energía eólica llevados a cabo en distintos países. Alemania, Japón, Dinamarca, Australia, España, Sudáfrica, Reino Unido y Mali fueron ejemplos de cómo las comunidades locales y regionales están cambiando el panorama energético global.
“El viento es un recurso común que es parte de la comunidad”, señaló Sergio Oceransky, director de la empresa social Yansa Group, representando la voz de la comunidad indígena de Ixtepec (México) que lucha por hacerse un hueco en un mercado controlado por las empresas multinacionales.
La comunidad indígena de Ixtepec planteó la creación de un parque eólico comunitario de 102 MW para vender electricidad a la red, basándose en su experiencia sobre la gestión para el bien común y teniendo en cuenta la gestión comunal de las tierras.
Con financiamiento social y a partir de créditos blandos, se prevé que el 50 por ciento de las ganancias del parque se inviertan al desarrollo social de la comunidad, según sus prioridades. La otra mitad se destinará a apoyar a otras comunidades que quieran poner en marcha proyectos similares, capacitar a personas para la gestión del parque y asegurar el depósito a un fondo de garantía que respaldará a todos los proyectos.
La idea es que así “se apalanquen nuevos proyectos, siendo más seguros desde el punto de vista financiero y movilizar el financiamiento solidario que permita el desarrollo social de las comunidades y de forma independiente”, explicó Oceransky.
Barreras gubernamentales
Actualmente el proyecto se encuentra paralizado, a la espera de la celebración de dos juicios que se llevarán a cabo este semestre. “En lugar de facilitar el proyecto, el Gobierno incrementó los requisitos de la licitación, haciéndolo inviable y dejando a los indígenas fuera”, comentó.
Según Oceransky, se tratan de requisitos a los que sólo pueden acceder las empresas multinacionales ya que se requiere aportar capitales que las comunidades indígenas no disponen. “Las empresas que dominan el sector eléctrico no quieren que las comunidades generen su propia energía”, consideró.
No obstante, el director de Yansa Group señaló que “las comunidades tienen derechos reconocidos por ley y se están utilizando los derechos territoriales colectivos para superar las barreras”. Por este motivo, confía en una sentencia judicial favorable para la comunidad con efecto de “bola de nieve”. De esta manera, espera que de aquí a cinco años el primer proyecto ya esté construido y “tal vez el segundo y el tercero estarán en construcción”.
Todos ellos se llevarán a cabo en regiones de México donde otras comunidades han manifestado su interés por las iniciativas. No obstante, la idea es replicarlas en otros países de América Latina, entre ellos Bolivia, Brasil y Colombia. “En América Latina hay gente interesada en invertir en la transición de la energía, el empoderamiento comunitario”, concluyó.
