Es habitual que las estrellas de Hollywood den su apoyo a las organizaciones de defensa de los derechos humanos para dar visibilidad al trabajo que estas hacen.
Por eso sorprende que ahora un grupo de famosas actrices -entre las que están Emma Thomson, Meryl Streep, Kate Winslet, Anne Hathaway y Angela Bassett- haya mostrado públicamente su desacuerdo con Amnistía Internacional (AI).
Estas y otras intérpretes, junto a decenas de indivíduos y organizaciones no gubernamentales, han firmado una carta de rechazo a un informe de AI en el que se plantea la posibilidad de recomendar a los organismos internacionales y los gobiernos la despenalización de la prostitución.
Aunque se trata tan sólo de un documento de trabajo, que la organización debe someter a la votación de sus miembros en la reunión anual que celebrará en la ciudad de Dublín en agosto, ha sido suficiente para desatar un fuerte rechazo, particularmente entre los grupos de defensa de los derechos de las mujeres.
En la carta, dirigida a la secretaria general de AI, Salil Shetty, y al director de la organización en EE.UU., Steven W. Hawkins, los firmantes aseguran que les "preocupa profundamente la propuesta de AI de adoptar una política que llevaría a despenalización de los proxenetas, los dueños de burdeles y consumidores de sexo, los pilares de una industria global del sexo que mueve US$99.000 millones".
"Aunque a Amnistía tardó en entender que los derechos de la mujeres son derechos humanos y en incorporar este concepto a su misión, ha sido vista como un modelo para la movilización del público para asegurar que los gobiernos implementan los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Borrador de Política sobre el Trabajo Sexual daña esta reputación histórica", se señala en la misiva.
"Cada vez hay más pruebas de los efectos catastróficos de la despenalización del comercio sexual".
"Hombres de negocios"
Los responsables de la organización Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés), firmantes también de la carta, aseguraron que coinciden con AI en que las trabajadoras del sexo no deben ser criminalizadas por los cuerpos policiales o los gobiernos.
Pese a ello, señalan que creen que la total despenalización de la prostitución "convierte a los proxenetas en hombres de negocios" que venden con impunidad "a personas vulnerables con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y abuso sexual".
Ante el revuelo desatado, representantes de AI aseguraron que todavía están trabajando en el borrador, que se basa en la idea de que criminalizar el trabajo sexual entre adultos puede llevar a un mayor abuso de las trabajadoras sexuales.
"Estos abusos incluyen violencia física y sexual, arrestos y detenciones arbitrarios, realización forzosa de pruebas de VIH y otras intervenciones médicas. También pueden ser excluídas de la sanidad, la vivienda y otras protecciones sociales y legales", señalaron en un comunicado, en el que puntualizaron que no se ha tomado ninguna decisión sobre la adopción de la nueva política.
