José Vicente López, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
La Comisión al Parlamento Europeo ha presentado recientemente el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, por una Europa más limpia y más competitiva, parte del Pacto Verde Europeo.
Este plan define un marco para una política de productos sostenibles y aborda las cadenas de valor clave de artículos como dispositivos electrónicos, baterías y vehículos, textiles, etc. Su objetivo es generar menos residuos y aumentar el valor y usabilidad de aquellos.
Un aspecto muy interesante que plantea el plan es el empoderamiento del consumidor. Los clientes han tomado conciencia del valor que tienen sus ideas y opiniones para hacer que sus marcas favoritas mantengan un alto nivel de calidad y respetuosos con el medioambiente.
Sabiendo que el 80 % del impacto ambiental de un producto se determina en la fase de diseño, el problema para el consumidor estriba en que se encuentra con artículos de un solo uso o bien con una vida útil demasiado corta. No tiene, por tanto, capacidad de actuar.
Es necesario darle poder a los consumidores para que los fabricantes diseñen productos que generen menos residuos y garanticen las prestaciones del bien en el tiempo, cuestiones básicas para lograr una economía claramente neutra en carbono, eficiente energéticamente y circular.
Definiciones de vida útil
En primer lugar, hay que aclarar que existen definiciones distintas:
-
Vida útil total. Es el tiempo total que un producto está en el mercado primario o de segunda mano. Por ejemplo, el caso de un vehículo que un propietario utiliza durante 6 años, se vende en el mercado de segunda mano y el nuevo propietario lo usa durante otros 6 años hasta que no puede circular a efectos legales (vida útil total = 12 años). Tras ese período, el vehículo va al desguace.
-
Vida útil de uso doméstico. Es el tiempo total que se utiliza un producto sin perder su funcionalidad general. Es el caso de un frigorífico que funciona durante 10 años, aunque la luz interior no funcione o el tirador de la puerta esté roto o presente cualquiera otra avería que no impida su funcionamiento, pero no tiene salida en el mercado secundario. Tras ese período, el producto se envía a reciclaje.
-
Periodo de posesión. Es el tiempo que un producto está en manos de su propietario y que varía en función de decisiones subjetivas. Por ejemplo, alguien desea cambiar de vehículo cada tres años, con independencia del estado del mismo o de su vida útil total.
-
Duración del uso. Es el tiempo que el producto permanece con el propietario hasta que deja de funcionar por avería u obsolescencia anticipada o no. Es un valor que no depende del consumidor.
¿Cómo se evalúa la vida útil de un producto?
Es complicado estimar la vida útil de un producto con exactitud. Además, es un valor que se refiere al pasado (se calcula a posteriori) y el producto en cuestión puede haber acabado su vida útil para entonces.
El cálculo solo se puede hacer de manera imparcial mediante un balance de masas que puede aplicarse de tres formas distintas tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Estas metodologías basadas en encuestas son caras y representan un gran obstáculo para la recopilación de datos reales de vida útil del producto.
En el análisis del flujo de materiales y la evaluación del ciclo de vida a menudo se asume la vida útil del producto, tanto estática (en un país o región) como temporal, en función de los resultados de estudios concretos. Pero una suposición errónea puede causar una gran inexactitud en los resultados.
Será necesario estimar datos más precisos sobre las diferencias regionales europeas, incluso a nivel nacional, y las variaciones temporales en la vida útil real del producto para poder controlar el proceso.
El plan habla de durabilidad, reutilización, actualización y reparabilidad de los productos, así como de la limitación de los productos de un solo uso y el control de la obsolescencia programada.
¿Cómo dar poder a los consumidores?
Para dar más protagonismo a los clientes y facilitar su elección, la Comunidad Europea plantea la necesidad de:
-
Aportar en el punto de venta información fiable del producto en cuanto a su vida útil, servicios de reparación, piezas de recambio y manuales de reparación.
-
Proteger a los consumidores del blanqueo ecológico (greenwashing) y la obsolescencia prematura.
-
Establecer requisitos mínimos para etiquetas o logotipos de sostenibilidad y herramientas de información.
-
Garantizar el derecho a la reparación. No es más que habilitar disposición de piezas de recambio, servicios de reparación y, para el caso de la electrónica y comunicaciones, servicios de actualización.
-
Para el caso de los textiles, ofrecer opciones para adquirir ropa sostenible, acceder a su reutilización y reparación.
Lo importante es saber ahora cómo se van a abordar estas competencias y a qué coste pueden implementarse en una economía en transición (y ahora, afectada por la crisis de COVID-19), con grandes lagunas de precariedad social, en pymes y en autónomos. Una cosa es la teoría y la agenda propuesta en el plan y otra es la práctica, que plantea dudas si tenemos en cuenta los datos históricos.
Tal vez una parte de la solución vaya hacia la participación ciudadana en las empresas (no contemplada expresamente en el plan). Muchos fabricantes consideran que los consumidores empoderados son su mayor fuente de información para optimizar la experiencia que les ofrecen. Otras llevan esta participación a un nivel más avanzado y los integran en la toma de decisiones, como un miembro más del equipo, y les preguntan directamente sus deseos.
José Vicente López, Investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
