La organización Transitional Justice Working Group (TJWG) de Seúl analizó una serie de imágenes satelitales y recogió testimonios de 23 ejecuciones públicas practicadas durante la era de Kim Jong-Un, quién tomó el poder hace una década tras la muerte de su padre.
¿Su conclusión? Corea del Norte sigue practicando ejecuciones públicas durante los últimos años, pero las hacen de forma más discreta, para así evitar filtraciones al extranjero que ensucien la imágen del régimen autoritario, reveló este jueves TJWG.
Los testigos, que lograron escapar de Corea del Norte, señalaron que las ejecuciones se llevan a cabo en lugares fuertemente vigilados por las autoridades para asegurarse que no trasciende ninguna información y no quedan evidencias, según señaló la ONG en su informe.
“En años recientes, Corea del Norte parece estar seleccionando estratégicamente lugares lejos de la zona fronteriza para llevar a cabo estos asesinatos”, dice esta organización que trata de documentar abusos y violaciones a los derechos humanos para llevar justicia a las víctimas y familiares.
“Nuestros hallazgos sugieren que el régimen de Kim presta más atención a las cuestiones de derechos humanos como respuesta al incremento del escrutinio internacional”, cuenta la representante de TJWG.
Corea del Norte niega las acusaciones
Los testimonios de los testigos de estas ejecuciones públicas son imposibles de verificar debido al estricto control de Corea del Norte en el acceso a archivos confidenciales por parte de su población.
Sin embargo, Ahyeong Park, principal autora del informe, señala que la organización evaluó con cuidado la consistencia de estos testigos y escogió solo los más fiables.
Pyongyang, capital del país asiático, ha sido acusada durante largos años de practicar asesinatos de Estado con el fin de infundir miedo en su población, pero ellos niegan cualquier ejecución, asegurando que respetan los derechos humanos.
La organización indica también que el cierre casi total de fronteras de Corea del Norte durante la pandemia ha reducido significativamente la información procedente del país, haciendo más difícil documentar los abusos de derechos humanos en este periodo.
