El diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, visitó este domingo Mesa Central de Canal 13 y se refirió al boicot que sufrió la PSU, que obligará a que se realicen los próximos 27 y 28 de enero para quienes no pudieron rendir los exámenes de Lenguaje, Matemática y Ciencias, mientras que la de Historia deberá ser reemplazada por el mejor puntaje obtenido en los otros exámenes.
En ese sentido, Vidal se manifestó contrario a los actos de violencia ocurridos en algunas sedes en el marco de las manifestaciones para impedir la realización de los exámenes: "Yo lo he dicho hasta el cansancio: condeno la violencia, la he condenado siempre, antes del 18 de octubre", dijo.
Siguiendo la misma línea, esbozó una crítica a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), agrupación que hizo el llamado a funar la PSU: "Nosotros como RD no compartimos la estrategia política de la ACES y hemos tenido diferencias pública con ellos por mucho tiempos, años", precisó. De todas maneras, el legislador pidió ir un poco más allá en lo sucedido: "Hagamos la pregunta un poco más larga, ¿por qué pasan estas cosas y tenemos que llegar a este punto para hablar de temas de fondo?", agregó.
Eso sí, Vidal también apuntó las responsabilidades al Gobierno y en particular, hacia la ministra de Educación, Marcela Cubillos: "¿Cuántas reuniones tuvo la Ministra de Educación con los dirigentes de la ACES?, ¿cuántos intentos tuvo por dialogar con ellos?, la vimos claramente escondida. Porque la ministra de Educación prefirió esconderse, meter la cabeza en un hoyo y dejar que esto ocurriera. Yo creo que el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad", sostuvo.
Por último, el parlamentario se refirió a las denuncias de violaciones de DD.HH que se han realizado en contra de fuerzas policiales desde el pasado 18 de octubre, asegurando que desde La Moneda no han hecho bien su trabajo al respecto.
"Yo no tengo ninguna duda que de los 60 mil que existen hay carabineros que hacen extraordinario la pega y apegados al código y la ley. Pero ellos son los que más están pagando la falta de decisión por parte del Gobierno en perseguir a aquellos policías que no han cumplido los protocolos y las leyes", sentenció.
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