Esta será una semana clave para el gobierno. Por un lado, La Moneda busca contener el avance de la reforma que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP -y que a juicio del Ejecutivo sería inconstitucional- y por otro evitar la aprobación en la Cámara de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.
A Pérez se le acusa de dos cosas: en primer lugar, de infringir la Constitución y las leyes por el actuar de Carabineros, a su cargo, porque la institución “reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada" durante las protestas sociales que se han generado en nuestro país y, particularmente, por el caso del carabinero formalizado por la caída de un joven al río Mapocho.
Y, como segundo eje del texto, se le acusa de un "excesiva tolerancia" frente a los bloqueos de rutas realizados durante el paro de camioneros ocurrido a fines de agosto. Esto, sostienen los acusadores, "a pesar de los negativos efectos que la movilización estaba causando en el abastecimiento de víveres y combustibles".
El escenario de Pérez es complejo, ya que según los cálculos de la oposición estarían los votos, luego que el parlamentario Gabriel Ascencio asegurara que esta vez sí estarían todos los votos de la bancada DC. El gobierno, en tanto, apuesta por tratar de conseguir al menos 6 de los votos de los parlamentarios "díscolos" del bloque, entre ellos Pepe Auth, Fernando Meza, Miguel Angel Calisto, entre otros, quienes jugaron un rol clave para salvar a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, del avance de la acusación en su contra.
De cumplirse los pronósticos opositores, la acusación podría avanzar al Senado, que actuará como juez y votará el libelo entre cuatro a seis días después de que se dé cuenta del texto en el hemiciclo.
Durante este periodo -siempre y cuando la Cámara apruebe la acusación-Víctor Pérez quedará suspendido de su cargo y tendrá que ser reemplazado temporalmente, rol que -posiblemente- sea jugado por el subsecretario de dicha cartera, Juan Francisco Galli. Un escenario similar ocurrió a fines de 2019 con el intendente metropolitano Felipe Guevara y en septiembre pasado con la entonces titular del Mineduc, Marcela Cubillos.
En caso que el Senado apruebe la acusación, Pérez será removido de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008. A ellos se suma Andrés Chadwick, quien ya había dejado el cargo cuando se formalizó el libelo en su contra, por lo que solo se aplicó la inhabilidad.
