Víctor Pérez defiende su rol y asegura: "Carabineros es esencial para el orden democrático"
Víctor Pérez defiende su rol y asegura: "Carabineros es esencial para el orden democrático"
14 años, 4 meses y 17 días fue el tiempo que Víctor Pérez se desempeñó como senador y fue esta la cifra que en reiteradas oportunidades utilizó para recordar su paso por la corporación que este lunes definirá su futuro político.
Pérez pidió intervenir en la sesión del Senado que revisa la acusación constitucional en su contra, por su manejo político durante el paro de camioneros y las manifestaciones donde un adolescente cayó desde el puente Pío Nono en Santiago tras ser embestido por un funcionario de FF.EE de Carabineros, quien se encuentra formalizado por homicidio frustrado.
El ex ministro -quien decidió renunciar al cargo luego que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada la admisibilidad del libelo- defendió la política como "el camino para transitar hacia la resolución de los problemas del país", y descartó haber actuado de manera discriminatoria al enfrentar las manifestaciones sociales y el conflicto en La Araucanía.
"Si yo fuese una persona que discriminaba, ¿habría sido posible llevar a cabo un plebiscito donde todos pudieron expresar sus opiniones, habría sido posible llevar un plebiscito con la mayor participación electoral?", manifestó.
Pérez defendió su actuar frente al paro de camioneros, asegurando que apostó por "buscar la solución a través del dialogo para evitar males mayores", tal como se hizo en 2015 durante el paro de camioneros, quienes bloquearon el acceso a la Región Metropolitana, y donde se descartó el uso de la ley de seguridad del Estado.
Y aseguró que acusaciones de desabastecimiento a causa del paro de los camioneros a fines de agosto se realizaron "sin ni una prueba concreta".
Y manifestó que "ejercí el cargo sin ningún animo de discriminación, con mucha prudencia".
En relación al rol de Carabineros el ex ministro aseguró que "es una institución esencial para el orden democrático, pero tiene que estar preparada para ello, y el estado no lo ha hecho, y el estado ha abandonado esa tarea durante mucho tiempo".
Y, finalmente, abordó su decisión de renunciar al cargo, enfatizando que "no es para evadir ninguna responsabilidad".
Su decisión, explicó, apuntó a que "un gobierno no puede estar más de 10 días sin su ministro del interior".
La sesión de este lunes comenzó con la intervención de los diputados informantes, quienes presentan los antecedentes de la acusación. La diputada del PC Carmen Hertz aseguró que frente al paro de camioneros el ministro habría vulnerado la igualdad ante la ley, estableciendo un "trato privilegiado" hacia los camioneros y adherentes del "rechazo".
En cuanto al rol de carabineros en las protestas, afirmó: "la violación a los derechos humanos es el mismo patrón de conducta de todos los ministros de Interior anteriores. Ni siquiera las llama por su nombre: habla de incidentes".
Por su parte, el parlamentario socialista Marcos Ilabaca acusó "silencio y omisiones" por parte del ministro. Y el relación a lo ocurrido en el Puente Pio Nono, manifestó que "el ministro no actuó para que eso no ocurriera. Es el mismo quien termina dejando abandonado al niño".
En tanto, el abogado del ex ministro, Gabriel Zaliasnik, pidió a los senadores "ponderar" los antecedentes, asegurando que no existirían argumentos fundados para dar curso al libelo.
Y advirtió que la acusación que revisó la Cámara "no es la misma que corresponde analizar al Senado. Ha habido un cambio fundamental: la renuncia del ministro, quien en un acto republicano, pensando no en sus propios intereses, sino que en el del país, dio un paso al costado, lo que permitió que el conflicto político se destrabara".
Los senadores retomarán a las 16 horas la sesión, donde votarán cada capítulo de la acusación por separado, donde se acusa al ex ministro de haber infringido la Constitución y las leyes frente al paro de camioneros y se le cuestiona su rol tras las manifestaciones sociales.
En caso que la Cámara Alta apruebe el libelo, Pérez no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
