Universidades G9 rechazan la reforma a la educación superior acusándola de ser "discriminadora"

Luego de que esta semana, y tras 10 postergaciones, el Ejecutivo ingresara al Congreso el Proyecto de ley de Educación Superior, la última "reforma estructural" del Gobierno de Michelle Bachelet, la Red de Universidades Públicas no Estatales, conocida como G9, manifestó su preocupación ante el contenido del proyecto de ley. 

La iniciativa contempla en sus ejes garantizar la calidad en las instituciones de educación superior, con énfasis en la equidad y la inclusión. Si bien las instituciones del grupo aseguran compartir los objetivos y principios generales de la reforma, para la Red G9 hay varios aspectos que no reconocerían la contribución que las universidades públicas no estatales han entregado al país.

A través de un comunicado firmado por los rectores de: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad Técnica Federico Santa María, ​Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco, ​Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el G9 rechazó la reforma propuesta por el Gobierno.

Una de las principales críticas del grupo es que "no se considera la naturaleza pública de nuestras universidades, a pesar de estar reconocidas en la legislación desde 1927, como el DFL 7500 que las define como personas jurídicas de derecho público".

Además, "se genera una clara discriminación entre instituciones que cumplen similar función, poniendo en riesgo el desarrollo futuro de nuestras comunidades y se minimiza la contribución del CRUCh, organismo constituido por ley y que por más de 60 años ha cumplido un rol clave en materias de educación superior, lo cual debilita al sistema en su conjunto".

El G9 aseguró que: "Nos preocupa que no se valore ni se explicite un apoyo a la diversidad del sistema, el cual siempre debe priorizar la calidad; otorgar un trato equitativo a todas las universidades públicas, sean estatales o no estatales; propiciar un financiamiento de acuerdo a la envergadura del aporte público que genera cada institución; e impulsar un desarrollo territorial y regional equilibrado".

Pero también, "la eliminación, en un plazo de cinco años, de los fondos basales que han recibido por más de 80 años nuestras universidades, es ignorar su aporte pasado y presente, y significa inevitablemente un deterioro en sus proyectos educativos y proyección futura".

La Red 69 recalcó en el comunicado que como conglomerado de universidades, entrega educación a más de 140 mil estudiantes, muchos de los cuales provienen de contextos vulnerables, siendo casi 45 mil de ellos beneficiados con la nueva política de gratuidad. Además, "es pionera en el PACE, acogiendo al 71% de estudiantes talentosos que ingresaron por esta vía a la educación superior en 2016 y cuenta con más de 12 mil académicos, de los que un 65% tiene posgrado". Por lo que "esta innegable contribución no se reconoce en el proyecto de ley presentado". 

"Hacemos un llamado a los parlamentarios y, particularmente, a los representantes de las regiones en que están insertas las instituciones de la Red G9, a tener una efectiva consideración de nuestros planteamientos. Asimismo, abogamos por una reforma inclusiva, tanto en su proceso de formulación como en sus disposiciones finales, a fin de conferir al país un marco integrador que entregue garantías de desarrollo a los estudiantes, sus familias y al país", cerró el comunicado. 

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