La presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe pidió este jueves incluir en el proyecto que busca reemplazar por arresto domiciliario la pena a cerca de 1.300 presos, a condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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“Probablemente no pudiera ser un beneficio que se les pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde hacer una discriminación de esa naturaleza, porque efectivamente dentro de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos, hay personas que fueron condenadas con penas muy bajas, producto de que no tuvieron una acción directa”, dijo Van Rysselberghe.
La iniciativa que está siendo tramitada en el Congreso, y que fue presentada por el gobierno, busca evitar que las cárceles del país sean un foco de víctimas del coronavirus, por las condiciones sanitarias en las que se encuentran los reos.
Sin embargo, quienes hayan sido condenados por violaciones a los DDHH fueron excluidos de la medida y no podrán optar a ella pese a cumplir requisitos de edad o penas cumplidas al ser un delito gravísimo.
"Personalmente conozco a algunos que eran cabos y que eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando", explicó la presidenta del partido de Chile Vamos.
"Sin embargo hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, muchos de ellos con enfermedades graves y todos adultos mayores", agregó.
En el proyecto se busca conmutar las penas con arresto domiciliario, pero sólo a un grupo determinado de personas que cumple ciertos requisitos: Deben ser personas que tengan un tiempo mínimo cumplido de su pena y saldos máximos. También está enfocado para mujeres mayores de 56 años o mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de dos años. En estos casos se pide que tengan al menos un tercio de la pena cumplida.
En el caso de los hombres, se solicita que sean mayores de 75 años, o que tengan entre 65 y 74 años y hayan cumplido al menos la mitad de la pena.
