Expulsados del país en un plazo de 30 días, y el pago de una multa de $32.176.272 es la pena que la jueza del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, decretó para los nueve bolivianos detenidos, acusados de los delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas, tras el juicio abreviado al que accedieron los imputados.
Pese a que los nueve ciudadanos altiplánicos estaban acusados de los tres delitos, la magistrada indicó que sólo se podía acreditar los tres ilícitos a los militares bolivianos Alex Carvajal y Carlos Calle, mientras que los aduaneros David Quenallata Laurel, Carl.Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendez y Diego Guzmán Vásquez fueron declarados culpables de robo con violencia y contrabando y eximidos del porte ilegal de armas.
La lectura de la sentencia, de 46 páginas, se realizó de forma íntegra y comenzó pasadas las 14.30 horas en Pozo Almonte.
La magistrada, leyó una a una la acusación y los hechos por los cuales se condenó a los ciudadanos bolivianos, accediendo a la solicitud de la fiscalía de condenar a 3 años y un día de cárcel por el delito de robo con violencia, y otros 3 años y un día a los militares por el porte ilegal de armas.
Sin embargo, la jueza acogió la solicitud de la defensa de sustituir la pena por la expulsión del país en el caso de ambos delitos, determinando que los siete aduaneros no podrán ingresar en 10 años a Chile por ser culpables del delito de robo con violencia, mientras que los dos militares no podrán hacerlo en 20 años, 10 años correspondientes al delito de robo con violencia y 10 por porte ilegal de armas.
En tanto, dentro de los cinco días siguientes, quedará ejecutoriada la sentencia y tras el pago de la multa correspondiente al delito de contrabando, comenzará a contar el plazo máximo de 30 días para la expulsión del país.
Juicio abreviado
En la audiencia de ayer, los ciudadanos altiplánicos aceptaron el procedimiento abreviado, renunciando así a un juicio oral, aceptando los hechos de la acusación.
En la oportunidad, el Ministerio Público pidió tres años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de armas, y el pago de una multa de $32 millones por el delito de contrabando.
Por su parte, la defensa de los imputados reiteró que ellos "no sabían" que habían traspasado la frontera al momento de ocurridos los hechos, solicitando la absolución de todos los delitos, y que en caso de ser declarados culpables, se les sustituya la pena por la expulsión del país.
El presidente boliviano Evo Morales, no se quedó fuera del debate y tal como en días anteriores, utilizó su cuenta en Twitter para indicar que "3 años de sentencia es una injusticia que obedece a la soberbia de algunas autoridades de Chile #LiberenALos9".
Tensión en la OEA
El caso de los nueve bolivianos ha tensionado aún más la relación entre Chile y Bolivia, lo que quedó explicitado ayer en la Asamblea de cancilleres, donde el representante boliviano, Fernando Huanacuni calificó la detención de los ciudadanos altiplánicos como un "secuestro".
Los dichos de Huanacuni fueron rechazados de inmediato por su par chileno, Heraldo Muñoz, quien puntualizó que "Chile no acepta que se ventile en la OEA una situación judicial interna de mi país. El precedente que se puede estar creando con esto es interminable".
