Pablo Cádiz y Karina Zúñiga
El tribunal constitucional acogió el segundo punto del requerimiento interpuesto por parlamentarios de la oposición para objetar la gratuidad universitaria, que califica de "discriminatorios" y "arbitrarios" los criterios fijados por el Gobierno para determinar qué estudiantes ingresan o no a la medida en 2016.
"En cuanto a los denominados 'requisitos de elegibilidad' para que accedan a la gratuidad los estudiantes matriculados en las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica, el tribunal acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos 4", detalló el relator Rodrigo Pica.
En tanto, la objeción al criterio de triestamentalidad fue aprobada por 7 votos contra 3.
En cambio el requerimiento de inconstitucionalidad que apuntaba a que la gratuidad no era materia de ley de presupuesto fue rechazado tras un empate, donde el voto del presidente del tribunal fue dirimente.
¿Qué pasa entonces con la gratuidad?
El relator recordó que el escrito objeta algunos de los requisitos para que las instituciones accedan a la gratuidad.
"Esa pretensión de inconstitucionalidad de esos requisitos específicos se acoge. Lo que significa que se eliminan de la glosa algunos de los requisitos para que dichas instituciones accedan al régimen de gratuidad", explica.
Sin embargo, Pica enfatizó que sólo se eliminan a aquellos requisitos que el escrito pide eliminar.
El escrito de la oposición pide eliminar, pues califica como discriminatorios y arbitrarios, el que se le exija a las universidades privadas el contar con al menos cuatro años de acreditación, no contar con sociedades relacionadas con fines de lucro y tener consagrados en sus estatutos la participación de los tres estamentos. El argumento de los diputados es que los requisitos exigidos a estos planteles no se piden a las universidades del Cruch.
Con todo, los efectos reales del fallo no se conocerán con total claridad hasta conocer la sentencia, que será notificada a las partes el lunes 21 de diciembre.
Consultado sobre las razones para estimar como discriminatorios los criterios de la glosa, el relator del TC dijo que "la fundamentación de lo resuelto se expresará en detalle en la parte considerativa de la sentencia".
La fecha fijada por el tribunal es crítica, ya la ley de presupuesto fija a más tardar el 22 de diciembre el plazo para que las casas de estudio notifiquen al gobierno respecto de si ingresarán o no a la gratuidad 2016.
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