El Gobierno de Chile insistió este miércoles en la necesidad de avanzar en el proyecto presentado hace algunas semanas que conmuta la pena de algunos reos de las cárceles del país por arresto domiciliario, con el objetivo de descongestionar los centros penales justo el día que se confirmaron tres casos nuevos de coronavirus en la cárcel de Puente Alto.
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“Esto ratifica la necesidad de avanzar con el proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados tras la comisión mixta, que permite un indulto conmutativo para ciertas personas que habiendo cumplido gran parte de sus penas, y que están en situación de mayor riesgo, se les pueda sustituir la pena de prisión total por arresto domiciliario”, dijo el ministro del Interior Gonzalo Blumel.
El titular de Justicia Hernán Larraín por su parte, aseguró que están “analizando” que opciones pueden usar para intervenir en el proyecto de ley que, pese a ser aprobado por la cámara, no sancionaría a quienes incumplan el arresto domiciliario, por lo que se espera un veto presidencial u otra acción del gobierno.
“Esperamos que esta iniciativa para tener lo antes posible este indulto conmutativo con fines sanitarios y humanitarios, pueda tener el apoyo mayoritario del Congreso”, dijo Larraín en La Moneda.
La iniciativa incluye a hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55, además de embarazadas y madres de niños menores de dos años, que hayan cumplido la mayor parte de la pena y estén condenados por delitos menos graves.
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Los parlamentarios del oficialismo fueron quienes rechazaron la normativa, por no incluir a condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, acusando discriminación con reos que pertenecen a la población de riesgo del Covid-19.
“Lo que busca esta ley de indulto conmutativo es excluir de este beneficio a personas que han cometido ciertos delitos, no a personas con nombre y apellido. Es decir, si alguien cometió delitos graves, como el de violación, homicidio calificado o secuestros por nombrar algunos, creemos que deben quedar excluidos. Este proyecto no está pensando para excluir a un grupo de personas que están en un lugar determinado”, agregó Larraín.
“Para aquellas personas mayores de edad que tengan un estado de enfermedad grave, terminal o de ese nivel, hemos presentado un proyecto de ley que hemos llamado ‘Ley Humanitaria’, que permitiría resolver el problema de mucha gente, independiente del delito que hayan cometido”, dijo el secretario de Estado sobre un proyecto que está hace algunos meses en el Senado.
