La Federación de Trabajadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Fenatravi) condenó las “irregularidades” conocidas en las últimas semanas entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que involucra a militantes de Revolución Democrática (RD).
“Quisiéramos condenar de manera rotunda el proceder del Seremi de la región de Antofagasta y de quienes resulten responsables; con su actuar, han enlodado y mancillado el nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para nosotros es muy doloroso ver que el aprovechamiento político, el amiguismo y nepotismo trascienden por sobre la función pública”, dijeron los funcionarios públicos en un comunicado.
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“Nosotros, los funcionarios y funcionarias públicas de este ministerio, conocemos en terreno las carencias de los más pobres de nuestro país y trabajamos a diario para contribuir en la calidad de vida de cada uno de ellos, por lo que el actuar de un sector político con fines de lucro personal, hacen que el trabajo que realizamos se vea manchado por el actuar interesado de algunos”, añadieron.
El convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda involucró a la diputada RD Catalina Pérez, ya que su expololo Daniel Andrade es el representante legal de la fundación involucrada, y Carlos Contreras, su exjefe de gabinete era el Seremi de Vivienda de Antofagasta.
“Nos sentimos dolidos, decepcionados y molestos, ya que el actuar de autoridades inescrupulosas, dañan profundamente el prestigio y la moral de la institución, que finalmente, la construyen y forman, los funcionarios, que por años han puesto su trabajo y profesionalismos al servicio de todos los chilenos”, recalca el comunicado.
Considerando que la denuncia fue realizada por la Asociación de Funcionarios de la Región de Antofagasta, es que esta federación respalda y comparte el actuar del gremio de esta región, valorando la probidad y destacando la valentía de sus dirigentes, por denunciar hechos tan graves de tales características. A raíz de lo anterior, es que: señalamos que no avalaremos ningún tipo de cohecho ni falta a la probidad, y denunciaremos todo tipo de irregularidad en cada una de las regiones de nuestro país”, añade.
“Creemos que nuestras autoridades ministeriales tienen el deber de poner todos los antecedentes a disposición para esclarecer los hechos, por el bienestar y la reputación del Ministerio de Vivienda, los responsables deberán ser sancionados administrativamente y explicar ante la justicia su mal proceder”, complementa.
