A casi una semana de que venza el plazo de investigación en la arista royalty del caso SQM -en la que se indaga al ex ministro Pablo Longueira por delitos tributarios y cohecho-, la Fiscalía señaló que podría modificar la acusación contra el ex senador UDI por este último delito.
El fiscal Pablo Gómez, encargado del caso SQM, fue consultado si a partir de los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott -quien negó que se hubiera ofrecido una salida alternativa a Longueira- estaba descartado dicho escenario, pero no así una recalificación. “Claro. Nosotros tenemos que tomar, al momento de acusar, la decisión en virtud de la cual se va a sostener una imputación penal”, respondió Gómez.
El persecutor agregó que “el artículo 19, en virtud del cual yo estoy nombrado como fiscal a cargo, le entrega al fiscal regional el ejercicio de la acción penal. Es en este ejercicio donde este fiscal regional va a tener que tomar una decisión sobre la base de los antecedentes que se hayan reunido en la carpeta investigativa. Y esa decisión evidentemente debe sujetarse al principio de la legalidad y el de la objetividad, que nos obliga”.
En ese sentido, Gómez también señaló que “nosotros hemos formalizado la investigación por el delito de cohecho, de eso no hay ninguna duda. En segundo lugar, la ley nos obliga a que, culminada la investigación -y el Estado de derecho así lo exige-, se tomen las decisiones bajo el principio de objetividad”.
“En ese punto, nosotros, como equipo investigativo, vamos a tomar las decisiones que corresponda, en el minuto en que correspondan. Esto es, al término de la investigación. Si esa decisión, si los antecedentes que hemos recabado, nos dan para acusar por un delito de cohecho o por uno distinto, vamos a ceñir nuestra actuación a lo que ordena la Constitución y la ley”, indicó el fiscal regional de Valparaíso.
La acusación por cohecho contra Longueira -por la que fue formalizado en junio del año pasado- apunta a que tanto fundaciones como personas cercanas al entonces senador gremialista recibieron aportes de SQM, entre 2009 y 2013, por un monto cercano a 681 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, los pagos de SQM estuvieron “destinados a influir en el imputado, y lo determinaron en su calidad de senador de la República, a gestionar actos políticos y legislativos", apuntando al rol asumido por Longueira en torno a la tramitación del artículo 4° transitorio de la ley del Royalty, que permitió a la empresa minera acceder a contratos de invariabilidad tributaria con el Estado.
Para ello, la fiscalía citó correos electrónicos entre Longueira y el entonces gerente de SQM, Patricio Contesse.
En los días previos, sin embargo, La Tercera publicó que la Fiscalía evaluaba la alternativa de una salida alternativa para Longueira, apuntando a un juicio abreviado, además de modificar la acusación contra Longueira, de cohecho al de tráfico de influencias. La posibilidad de un acuerdo, sin embargo, fue descartada por Longueira la semana pasada.
Gómez, en todo caso, señaló que el CDE -querellante en la causa- podría adoptar decisiones diferentes a las de la Fiscalía en el caso.
"Ellos tienen, como querellantes institucionales, la posibilidad de en el caso de acusar y tener una hipótesis penal distinta a la del Ministerio Público, hacerla valer en su acusación particular. No hay ningún problema. Y por lo tanto el tribunal tendrá que conocer todas las acusaciones que se hagan a través de la imputación", explicó el fiscal.
Financiamiento irregular, no cohecho
Gómez fue también consultado sobre una publicación de Ciper Chile, que da cuenta de documentos en que SQM admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagos “indebidos” a políticos. Entre ellos se incluiría el caso de Longueira y de otros personeros, como Jaime Orpis y Marco Enríquez-Ominami.
En ese contexto, Gómez indicó que “es información a la cual nosotros hemos tenido acceso y que va en la misma línea de la que nosotros hemos desarrollado la investigación, en el sentido de que se confirma por parte de esa institución que hubo aportes irregulares a la política y que el medio de comisión es precisamente a través de aportes que se hicieron y para lo cual la contraprestación fue la emisión de facturas ideológicamente falsas”.
“Dentro de la línea, todas las conclusiones que arriba ese informe van a ser utilizadas por el Ministerio Público, evidentemente dentro de las decisiones que se van a tomar al final de la investigación”, agregó Gómez, quien agregó que en los documentos de Estados Unidos se reflejan los casos de “Longueira y Marco Enríquez-Ominami”. “Las vinculaciones que hace la empresa son cercanas a las misas conclusiones que ha arribado nuestro equipo y por las cuales han sido presentados los cargos”, sostuvo.
En todo caso, Gómez agregó que la información de los documentos conocidos desde EE.UU. “va en la línea en cuanto de lo que nosotros hemos sostenido en cuanto a financiamiento irregular. El informe no habla del delito de cohecho, de manera tal que más bien lo centra en financiamiento irregular pero tendremos que tomar las decisiones al final de la investigación”.
