Por Pablo Cádiz y Francisco Valenzuela
La empresa SQM accedió a una salida alternativa en el marco de la investigación por los pagos realizados por el ex gerente general de la firma Patricio Contesse, a personas vinculadas al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y a fundaciones ligadas a él.
El acuerdo suscrito entre el fiscal Pablo Gómez y los abogados de SQM -como persona jurídica- contempla el pago de una multa $900 millones al Fisco y otros $1.650 millones a beneficio de una serie de fundaciones.
Del monto antes citado, $350 millones se destinarían a la fundación Debra Chile, que trabaja con niños con piel de cristal; $550 al hospital sanatorio marítimo San Juan De Dios para jóvenes con daño mental; $250 a la fundación pequeño Cottolengo; y $200 millones para una fundación de preservación de la Cultura Rapa Nui.
A esto se suma la instrucción de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción que se estarían llevando a cabo por las empresas del holding. Tras la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado manifestó su disconformidad con la resolución, aunque hicieron ver que "tenemos todavía la posibilidad de apelar esta resolución".
"Consideramos que este es un caso paradigmático donde debería haberse impuesto una pena. Como Consejo estimamos que la salida alternativa debe mantenerse para casos que no comprometan intereses públicos relevantes, y consideramos que el caso SQM sí se comprometían esos intereses", afirmó María Inés Horvitz.
Una de las dudas es qué pasará de ahora en adelante, y si es que las salidas alternativas se harán extensivas hacia otros imputados, como el propio Pablo Longueira.
Respecto de este punto, el fiscal afirmó que "la causa que ha involucrado al señor Longueira está abierta, está vigente hay imputación por el delito de cohecho, y nada ha dicho el Ministerio Público en orden a dar a ese caso una salida alternativa".
"Nosotros ese caso lo vamos a perseguir, que tiene nada que ver con el tema de persona jurídica". enfatizó.
El tenso round entre Gómez y el CDE
La audiencia se vio marcada por un duro enfrentamiento entre los representantes del CDE y el fiscal del caso e impulsor del acuerdo, Pablo Gómez.
Esto luego que el Consejo de Defensa del Estado se opusiera al acuerdo, cuestionando la señal que se daría a la ciudadanía con un acuerdo de estas características.
"Esta es la señal de política criminal que está dando el Ministerio Público: la empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema, pagando", afirmó la abogada del CDE Lupy Aguirre. Luego tomó la palabra María Inés Horvitz, quien sentenció: "esta es una empresa que corrompió a un senador del Estado, cuya precisa labor es velar por el cumplimiento de las leyes".
La intervención de las abogadas del organismo desató esta respuesta de Gómez: "Afortunadamente existe un poder judicial, estamos ante él y no ante la justicia de Twitter, porque estamos escuchando un alegato orientado a ese público".
"Han tirado muchas frases para la galería, que lo que pretenden hacer es confundir con estrellas las luces de neón", agregó el persecutor.
Gómez criticó el hecho que desde el CDE ocuparan el término de "estar coimeando a mucha gente, la formalización ha sido precisa respecto de quién es el funcionario público que habría recibido un soborno". "Se ha dicho y se ha querido confundir diciendo que se ha costeado innumerables prebendas a políticos, confundiendo que el delito base que nos exige esta norma es el delito de cohecho, y hemos sido precisos en nuestra definición", manifestó.
