La senadora Fabiola Campillai criticó con dureza al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien dijo que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social no habían sido sistemáticas, según las investigaciones.
Campillai, quien es una de las víctimas más simbólicas de las violaciones a los derechos humanos, ya que perdió los sentidos de la vista, el gusto y el olfato producto del impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros mientras esperaba un bus del transantiago en San Bernardo, calificó de “negacionista” a Valencia.
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“Ante las declaraciones del fiscal nacional de que en Chile no hubo violaciones a los derechos humanos, yo no sé en qué lugar está viviendo el fiscal nacional, ni en qué tiempo él está. Porque en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y yo soy una víctima de ello”, expresó Campillai.
“Me pregunto cómo tendremos justicia ante un fiscal que es negacionista, al igual que los sectores de derecha”, añadió.
Minutos antes, el fiscal Valencia se había referido a los distintos hechos de violencia que se produjeron en el contexto de manifestaciones durante el estallido social y aseguró que sí hubo violación a los derechos humanos, pero dijo no tener información para decir que fueron sistemáticas.
“Hay varias querellas que se presentaron para que investigaremos acciones de esa naturaleza y esas investigaciones están en curso (...) hemos detectado hechos que revestirían carácter de violación a los derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuirle el carácter ‘sistemático’, aunque esas investigaciones se encuentran todavía abiertas”, dijo Valencia.
Violaciones a los DDHH durante el estallido social
La misma Fiscalía Nacional entregó los datos de casos de violación a los derechos humanos en Chile durante la revuelta social, cuando se cumplen cuatro años del 18 de octubre que dio inicio a las protestas.
Según los datos del Ministerio Público, se denunciaron 8.508 casos de violencia institucional, aunque solo se han logrado 31 condenas.
Los datos que corresponden al periodo desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, muestran que 157 funcionarios públicos han sido formalizados; 148 de ellos son carabineros, siete efectivos del Ejército y dos policías de investigaciones.
Entre los carabineros formalizados, 25 fueron por apremios ilegítimos, siete por casos de torturas, y cinco por falsificación de documento público.
